- El fraude en el IVA de los hogares alcanzó los 9.428 millones de euros, superando ampliamente las estimaciones europeas.
- La brecha fiscal representa un 13,3% de los ingresos teóricos y aproximadamente un 0,69% del PIB nacional.
- Existe un margen significativo para mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado mediante el control del cumplimiento tributario.
Cuando hablamos de impuestos, solemos pensar en las empresas o en las grandes fortunas, pero hay un agujero bastante serio en el consumo diario de la gente corriente. Recientemente, se ha puesto sobre la mesa un análisis exhaustivo sobre lo que se conoce como la brecha fiscal en el IVA, centrándose específicamente en el gasto de las familias residentes en España, revelando que el fraude fiscal es mucho más profundo de lo que Bruselas suponía.
Para entrar en materia, es fundamental entender que este fenómeno no es una simple errata administrativa, sino la diferencia real entre lo que el Estado debería haber ingresado si todo el mundo hubiera cumplido a rajatabla y lo que efectivamente ha llegado a las arcas públicas. Este estudio, impulsado por el prestigioso think-tank Fedea, pone los puntos sobre las íes en un tema que afecta directamente a la salud de las cuentas públicas del país.
¿Qué es exactamente la brecha fiscal y cómo se calcula?
Para los que no estén familiarizados con la jerga económica, la brecha fiscal se define como el diferencial entre la recaudación teórica y la recaudación real. En plata, es la cantidad de dinero que se pierde porque el IVA no se liquida correctamente en el consumo final de los hogares. Este indicador sirve como una aproximación muy fiable al fraude existente en este impuesto indirecto.
Es importante destacar que en este análisis se ha dejado fuera la llamada «brecha de política». Esta última no se refiere a fraudes o engaños, sino al coste de las exenciones y tipos reducidos que el Gobierno decide aplicar por ley. Lo que aquí nos interesa es la brecha de cumplimiento: el dinero que debería estar ahí pero que, por diversas razones, no llega al fisco.
Para llegar a estas cifras, los economistas Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia se basaron en datos muy sólidos, como el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las Cuentas Etarias de los Miembros de los Hogares. Partieron de un gasto en consumo final de los hogares que ascendía a 569.165 millones de euros, excluyendo el consumo imputado de la vivienda habitual, ya que este no tributa por IVA.
Cifras impactantes: El agujero de los 9.400 millones
Los datos arrojan una realidad sorprendente. Para el ejercicio 2022, se estima que los ingresos teóricos que el IVA debería haber generado fueron de 70.717 millones de euros. Sin embargo, la recaudación efectiva se quedó en 61.289 millones. Esta diferencia deja un saldo negativo de 9.428 millones de euros que se consideran fraude fiscal.
Si analizamos este número en perspectiva, representa un 13,3% de los ingresos teóricos del impuesto y un 0,69% del PIB. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, si ese dinero hubiera sido recaudado, el déficit público, que en aquel año fue de 63.766 millones, se habría reducido considerablemente, suponiendo un alivio notable para el presupuesto del Estado.
No obstante, existe un matiz técnico relevante. Si se asumiera que hay fraude también en los Impuestos Especiales (que forman la base del IVA en ciertos consumos), la brecha fiscal de cumplimiento se ajustaría ligeramente a la baja, situándose en torno a los 8.403 millones de euros. Aun así, seguimos hablando de cantidades astronómicas que se escapan del control tributario.
Fedea frente a la Comisión Europea: Una guerra de metodologías
Uno de los puntos más candentes del informe es la discrepancia con los datos de Bruselas. La Comisión Europea estimaba que la recaudación teórica para el consumo de los hogares era de 64.405 millones de euros, lo que resultaba en un fraude de apenas 3.986 millones de euros. Como vemos, la cifra de Fedea es más del doble que la europea.
¿A qué se debe este baile de números? Los autores explican que la clave reside en las diferentes metodologías empleadas para calcular los datos. Mientras que la UE utiliza un enfoque más general, el estudio de Fedea profundiza en bases de datos más específicas del comportamiento de los hogares españoles, lo que permite detectar un margen de fraude mucho más amplio.
A pesar de estas diferencias, ambos organismos coinciden en una cosa: el fisco tiene un margen de mejora considerable. Independientemente de si los tipos de IVA actuales son justos o adecuados, es evidente que la eficiencia en la recaudación de lo que ya está establecido legalmente es insuficiente.
Esta situación sugiere que existen mecanismos de incumplimiento muy heterogéneos y que la Administración Tributaria podría optimizar sus procedimientos de control para reducir este agujero. No obstante, los expertos piden cautela, ya que cualquier cambio en la política tributaria debe considerar las limitaciones de los datos y la complejidad de cómo se produce el fraude en el día a día.
La brecha fiscal del IVA en los hogares españoles se sitúa en una cifra preocupante de 9.428 millones de euros, superando con creces las previsiones de la Unión Europea y representando un porcentaje significativo del PIB. Esta diferencia entre la recaudación teórica y la real evidencia que existe un espacio considerable para optimizar la eficiencia del sistema tributario, lo que permitiría reducir el déficit público sin necesidad de alterar los tipos impositivos vigentes.