- Existen tres herramientas principales en España: INTegraSS (Seguridad Social), los modelos de la AIReF y PeGaSo (Ministerio de Economía).
- La mayoría son modelos contables basados en identidades que proyectan el gasto bajo políticas constantes, pero fallan al analizar cambios normativos.
- Se propone evolucionar hacia modelos con comportamiento endógeno que consideren la reacción real de los ciudadanos ante las reformas.
Si nos ponemos a mirar cómo se calcula el dinero que el Estado gastará en jubilados en las próximas décadas, nos encontramos con un entramado de fórmulas y herramientas que pueden resultar un auténtico quebradero de cabeza. En España, la Administración ha metido el acelerador para que estas herramientas no sean una caja negra, intentando que el proceso de modelización del gasto sea más transparente y esté mejor documentado para que cualquiera pueda entender cómo se llega a esas cifras tan astronómicas.
La cuestión es que no hay un solo camino para hacer estas cuentas. Dependiendo de si quien hace el informe es la Seguridad Social, la AIReF o el Ministerio de Economía, el enfoque varía un poco, aunque todos comparten una base común. El objetivo final es el mismo: predecir la sostenibilidad de las cuentas públicas y ver si los cambios en las leyes realmente ayudan a que el sistema no pete en el futuro.
Los tres pilares de la proyección en España
Para empezar, tenemos que hablar de los tres modelos principales que dominan la escena actual. Primero está el modelo INTegraSS, la joya de la corona de la Seguridad Social, que es una evolución de herramientas previas como el MISSMI. Este sistema es súper detallado porque analiza los flujos por generaciones y desglosa el gasto según si la pensión es contributiva, una clase pasiva o no contributiva, mirando incluso los tramos de cuantía y el régimen del trabajador.
Por otro lado, la AIReF lleva ya tiempo currando con sus propios modelos técnicos. Estos son fundamentales para los análisis de sostenibilidad y para cumplir con la cláusula de salvaguarda del MEI. Su enfoque es muy riguroso y se centra en evaluar periódicamente si el gasto en pensiones se mantiene dentro de los límites razonables para no comprometer la economía nacional.
Finalmente, el Ministerio de Economía utiliza el modelo PeGaSo, desarrollado en el marco del Ageing Working Group de la Comisión Europea. Este modelo es el que alimenta el famoso Ageing Report que sale cada tres años y busca hacer la metodología más digerible para quienes no son expertos en economía, permitiendo comparar la situación de España con el resto de la Unión Europea.
¿Cómo funcionan realmente estas cuentas?
Aunque parezcan cosas distintas, estos modelos tienen un núcleo compartido basado en lo que llamamos identidades contables. Básicamente, es como llevar un libro de cuentas gigante donde se anota cuánta gente hay cobrando una pensión, cuántos mueren y cuántos nuevos se jubilan cada año. Se parte de un stock inicial y se le aplican variables como la inflación y la productividad para ver cómo evoluciona la cuantía media de las prestaciones.
Para que esto funcione, necesitan apoyarse en escenarios demográficos y laborales. Es decir, hay que suponer cuánta gente habrá en cada grupo de edad, qué tasas de actividad tendremos y cómo crecerá el PIB. Si la política de pensiones se ha mantenido estable, estas proyecciones suelen ser bastante fiables, ya que el sistema tiene tiempo de asentarse tras las reformas.
El problema de los ajustes a dedo y las limitaciones
Aquí es donde la cosa se pone peliaguda. Estos modelos están hechos para proyectar el futuro si todo sigue igual, pero no son muy buenos para analizar qué pasa si cambiamos la ley. Para medir el impacto de la reforma de 2021-2023, muchos organismos han recurrido a ajustes ad hoc, que básicamente son modificaciones manuales basadas en la intuición de los técnicos.
El problema es que estas correcciones a menudo no se explican detalladamente, lo que deja al lector en un limbo. Por ejemplo, al calcular la pensión inicial de las altas, se usan microsimulaciones con la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), pero se asume que el trabajador no cambiará su decisión de jubilarse solo porque haya cambiado la norma, algo que en la vida real no ocurre precisamente así.
Hacia un modelo con comportamiento real
Para dar un salto de calidad, expertos como los de Fedea sugieren dejar de lado la simple contabilidad y pasar a modelos con comportamiento. La diferencia es abismal: mientras que el modelo contable dice «si la ley es X, el gasto será Y», el modelo de comportamiento se pregunta «si la ley es X, ¿cómo reaccionará la gente?». Esto implica analizar si las personas ahorrarán más o si decidirán jubilarse más tarde para aprovechar una prima por demora.
Un ejemplo claro es la diferencia en las previsiones del déficit. Mientras que los modelos oficiales son más optimistas, el modelo MSSP-OLG de Fedea sugiere que el déficit básico podría acercarse a los cuatro puntos del PIB hacia 2050. Esto pasa porque consideran que medidas como la indexación al IPC no solo suben el gasto directamente, sino que pueden incentivar jubilaciones tempranas al reducir la necesidad de ahorro privado.
La clave de la esperanza de vida y la jubilación demorada
Un dato curioso es que la tendencia a jubilarse más tarde no depende solo de los incentivos económicos de las reformas. El gran motor es el aumento de la longevidad. Al vivir más, la gente necesita ahorrar más o trabajar más años para que el dinero les dure toda la jubilación, lo que empuja la edad media de retiro hacia arriba independientemente de lo que diga la ley.
En definitiva, para que las cifras oficiales tengan más credibilidad, es vital que se documente con total transparencia cómo se estiman los patrones de jubilación. Pasar de una proyección estática a una dinámica permitiría entender mejor el impacto real de las políticas públicas y evitar sorpresas desagradables en las cuentas del Estado en las próximas décadas.