Conflicto social: teoría, causas, historia y gestión práctica

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En el día a día, hablar de conflicto social no es limitarse a choques espectaculares o a la violencia abierta; también se trata de tensiones persistentes por recursos, reconocimiento y poder que atraviesan barrios, centros de trabajo, instituciones y Estados. A veces, el conflicto convive con la cooperación y, bien encauzado, puede convertirse en motor de cambio y cohesión.

Este texto recorre con rigor y en lenguaje cercano las principales teorías, causas, formas y salidas del conflicto social, integra aportes clásicos y contemporáneos, y baja a tierra con ejemplos cotidianos, experiencias históricas y marcos institucionales de análisis y gestión. Además, encontrarás recursos de lectura, referencias académicas relevantes y datos de organismos públicos.

Qué entendemos por conflicto social

En las ciencias sociales se ha discutido largo y tendido si el conflicto es una anomalía o un rasgo normal de la vida colectiva. Las perspectivas «moderadas» sostienen que el conflicto coexiste con la cooperación y tiene una función integradora al contribuir a reajustar normas y roles, siempre que exista control institucional a través de mecanismos como la negociación o la mediación. Desde esta óptica funcional-estructural, incluso instituciones vistas como «negativas» cumplen un papel en la adaptación del sistema social.

Las visiones «radicales» miran el fenómeno con otros lentes. Siguiendo la estela de Hobbes, la sociedad se concibe como cambiante y atravesada por contradicciones. La pregunta no es por qué hay cambio, sino cómo se mantiene la estabilidad: la respuesta clásica es la coacción que el Estado concentra y administra. Dentro de esa familia de enfoques, un hilo conservador acepta los excesos del poder como precio por el orden; versiones más moderadas abogan por reformas que desactiven abusos y prevengan estallidos, una diferencia sensible si se atiende a hitos como la Revolución francesa, que alteran el horizonte de posibilidades y temores.

En otra vertiente radical, Marx sitúa el núcleo del conflicto en la «objetividad económica». Las contradicciones de clase en la base material tiñen la superestructura (derecho, ideología, política), y la lucha de clases tiende a agudizarse antes que a disiparse. Entre los desarrollos posteriores, C. Wright Mills señaló la conformación de «élites del poder», Ralf Dahrendorf entendió el conflicto como universal y generador de cambio, y autores como Lewis Coser, Anthony Giddens u Alain Touraine aportaron matices sobre sus funciones y dinámicas.

Max Weber, por su parte, analizó el Estado como monopolio legítimo de la fuerza que se racionaliza mediante burocracias para lograr aceptación. Vinculó la política al poder entendido como capacidad de imponer decisiones, y subrayó la transformación de la violencia desnuda en autoridad legítima. Su mirada de la estratificación amplía la clásica división de clases incorporando estatus y estilos de vida (consumo), y anticipa conflictos por «cierre social» cuando grupos con privilegios limitan el ascenso de otros, con potenciales estallidos incluso revolucionarios.

A mediados del siglo XX, las críticas al funcionalismo estructural de Parsons (por conservador e insuficiente para explicar el cambio y el conflicto) estimularon el desarrollo de una teoría del conflicto más integradora. Incluso así, el funcionalismo propuso una lectura del conflicto como dinámica hacia nuevos consensos; sin embargo, esa lente se queda corta ante fenómenos extremos como la revolución o la guerra, donde la negociación fracasa o la violencia se externaliza.

Conflicto social y guerra: ¿decisión racional o impulso irracional?

Las explicaciones de la guerra suelen agruparse en dos grandes familias. En una, la guerra sería un producto irracional: una ruptura de la política sensata por emociones, fanatismos o sesgos cognitivos. Autores como Kalevi J. Holsti han señalado cómo se percibe la guerra como catástrofe o crimen, y desde la psicología social se recurre a experimentos tipo Robbers Cave para mostrar la rápida escalada de hostilidad intergrupal. Otra corriente dentro de este bloque atribuye guerras a errores de cálculo o interpretaciones equivocadas; análisis estadísticos como los de Lindley y Schildkraut sugieren que han disminuido los conflictos con base «racional» y ofrecen como ejemplo contiendas iniciadas por percepciones erróneas.

La otra familia teórica asume que la guerra prolonga la política por otros medios (Clausewitz) y surge de cálculos costos-beneficios. Aquí se distinguen dos tesis: la primacía de la política interna (Eckart Kehr, Hans-Ulrich Wehler), que ve la guerra como válvula para resolver tensiones domésticas; y la primacía de la política internacional (Leopold von Ranke), que atribuye las guerras a decisiones geopolíticas de estadistas.

Tipos de conflicto social y ejemplos cercanos

Una clasificación útil distingue entre conflictos interpersonales, grupales y estructurales. Los primeros se dan entre individuos por malentendidos, personalidades incompatibles o comunicación deficiente. Piensa en dos colegas que chocan por el reparto de tareas; con mediación, pueden expresar expectativas, escuchar y pactar compromisos claros.

Los conflictos entre grupos enfrentan colectivos (equipos, comunidades, asociaciones vecinales, países) con intereses o valores en tensión. Una comunidad puede dividirse entre quienes desean un parque y quienes prefieren un aparcamiento; la mediación comunitaria crea espacios donde aparecen soluciones híbridas y compensaciones, desde rediseños del proyecto hasta fases de implementación.

Los conflictos estructurales son de mayor escala y complejidad: políticas públicas controvertidas, discriminación, desigualdades económicas o socioambientales. Un ejemplo típico: plantillas que protestan por salarios y condiciones precarias. La salida suele requerir negociación con representación de las partes y, idealmente, un tercero neutral que ordene la agenda y ancle acuerdos verificables.

También conviene ubicar conflictos habituales por ámbito: en la familia, surgen disputas por herencias o crianza; en el trabajo, por expectativas y evaluación de desempeño; en la escuela, por casos de acoso o discrepancias entre familias y docentes. La mediación familiar, laboral o escolar es eficaz porque reduce la tensión y restituye canales de diálogo, evitando escaladas que dañen vínculos o acaben en litigios.

Mediación: por qué funciona

La mediación introduce un tercero neutral que no impone, sino que facilita acuerdos voluntarios y realistas. Funciona porque mejora la calidad de la conversación y ordena el proceso. En la práctica, ayuda a: escuchar con propósito, identificar intereses y diseñar opciones.

• Comunicación más clara: del desahogo a la escucha activa y la reformulación, de modo que la otra parte entienda el porqué de lo que pedimos.
• Soluciones colaborativas: las partes co-crean alternativas y criterios objetivos que reducen sesgos y suspicacias.
• Menos estrés y coste: acorta tiempos, evita procedimientos contenciosos y preserva relaciones.

Causas frecuentes y cómo prevenir

Las causas varían por país o región, pero se repiten algunos patrones. La desigualdad entre hombres y mujeres, entre grupos étnicos o confesiones religiosas alimenta dinámicas de exclusión, agravios y respuesta colectiva. La crisis económica, con desempleo, precariedad y pérdida de poder adquisitivo, aumenta la vulnerabilidad, la pobreza y, en casos extremos, el hambre.

Otra fuente de conflicto es la ausencia de Estado en función social: allí donde fallan servicios básicos (educación, salud, agua), crecen las brechas territoriales y la desconfianza. La prevención pasa por políticas de igualdad, campañas de sensibilización y una educación en valores que enseñe desde pequeños el respeto a las diferencias, la solidaridad y la resolución pacífica de controversias.

Cuando un conflicto se prolonga sin vías de salida, puede escalar de protestas pacíficas a situaciones graves, incluido el desplazamiento forzoso. Según cifras divulgadas por ACNUR en la última década, decenas de millones de personas se han visto obligadas a huir, con más de veinte millones bajo estatus de refugio y salidas forzadas cada minuto. Además de atender a quienes huyen, es clave invertir en prevención para cortar la cadena de daños.

Definiciones operativas y componentes clave

En el campo de la gestión pública se emplean definiciones precisas. Una formulación ampliamente difundida en el ámbito andino describe el conflicto social como la actuación de sectores interdependientes con objetivos, intereses, valores o necesidades en colisión, que con frecuencia conectan con reclamos socioambientales, fallos en servicios, interrupciones del transporte o exigencia de derechos, con potencial impacto sobre la gobernabilidad.

Para analizar casos se distinguen elementos objetivos y subjetivos. Entre los objetivos: recursos tangibles en disputa; comportamientos de las partes; impactos materiales; y cuestionamientos a la institucionalidad o la norma. Entre los subjetivos: percepciones recíprocas; emociones y formas de expresar la insatisfacción; y la valoración diferencial de lo que está en juego.

Hay, al menos, tres componentes presentes en todo caso: actores, problemas y proceso. Los actores incluyen quienes demandan, quienes son señalados como responsables, y quienes facilitan soluciones (por ejemplo, defensorías del pueblo o mecanismos de diálogo). Los problemas son los asuntos de fondo y sus aristas. El proceso es la dinámica concreta: cómo se expresa, qué repertorios de acción se utilizan, y cómo se tramita.

La manifestación abierta del conflicto aparece cuando al menos una parte expresa su postura y actúa para alcanzar sus fines o bloquear los de la contraparte. Puede verse en protestas, medidas de presión, mesas de diálogo, negociaciones directas con facilitación. Los procesos con mayores probabilidades de éxito combinan participación inclusiva, información verificable y acuerdos con garantías.

Dinámicas en Perú: foco socioambiental

Un informe de la Defensoría del Pueblo reportó, a mediados de 2021, 193 conflictos sociales en el país, cerca del 70% vinculados a asuntos socioambientales —con especial peso de la minería—. Cuando la gestión es deficiente, los efectos pueden ser muy dañinos: profundización de brechas, violencia y vandalismo, restricciones de derechos, corrupción y economías ilegales, migraciones forzadas. Por eso, una democracia que escucha y activa respuestas tempranas reduce riesgos y mejora la gobernabilidad.

Para fortalecer capacidades, hay oferta formativa especializada en prevención y resolución de conflictos (por ejemplo, diplomados focalizados en conflictos socioambientales), que combina análisis de actores, diseño de procesos de diálogo y negociación basada en intereses. Invertir en ese capital humano es apostar por soluciones sostenibles.

Lecciones desde la Edad Moderna en España

Entre los siglos XVI y XVIII, lejos de una imagen de paz orgánica, hubo una conflictividad constante —a veces dentro de canales admitidos, a veces desbordada—. El Estado centralizado alteró equilibrios locales; la fiscalidad abusiva, las carestías, el hambre en crisis agrarias, los conflictos religiosos, el desgaste por guerras y levas, y la defensa o contestación de privilegios fueron detonantes frecuentes de protesta.

La desigualdad en el acceso a recursos, especialmente en coyunturas críticas, favoreció motines de subsistencia. A mediados del siglo XVII se documenta una oleada de alteraciones en Andalucía: Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Tarifa, Ayamonte, Sanlúcar de Barrameda, Palma del Río, Écija, Estepa, Osuna, Ardales, Lucena, Loja, Bujalance, Luque, Montefrío, Alhama y Vélez Blanco, entre otras. Los sublevados presionaban por el precio del pan y por la depreciación de la moneda de vellón, forzando cambios en autoridades locales y reglas de abastecimiento, con consignas favorables al rey pero críticas al «mal gobierno».

También pesó lo que se ha llamado «violencia del poder»: pleitos competenciales, usurpación de tierras comunales, choques entre facciones, protección de facinerosos, y uso abusivo de la autoridad, incluso con coacciones físicas. La violencia señorial se expresó en nuevas exacciones y en la apropiación de bienes comunales. En el siglo XVI, por ejemplo, algunos señores jurisdiccionales ampliaron rentas y control mediante tributos y derechos discutibles.

Casos locales ilustran el patrón. En Osuna, desde fines del XV, los Téllez Girón, condes de Ureña, usurparon tierras y derechos municipales, exigieron monopolios, captaron rentas eclesiásticas y mercantiles, e intervinieron en la justicia y el gobierno concejil. En El Puerto de Santa María, a caballo entre los siglos XV y XVI, la Casa de Medinaceli arrendó para sí tierras comunales e impuso rentas sobre comercio, pesca y sal, alterando equilibrios económico-sociales.

La resistencia vecinal acudió a tribunales reales como arbitraje de la Corona, pero las resoluciones se demoraron a menudo, lo que empujó a acuerdos transaccionales que solían favorecer a la parte señorial, sellados con élites locales mediante concesiones puntuales.

Hubo estallidos significativos. En Osuna, en 1746, la marcha de un pesquisidor que había corregido abusos locales provocó un motín: la población, afectada por la especulación del trigo, prefería la jurisdicción de un corregidor real que garantizaba el pósito y el control del precio del pan, frente a quienes habían tolerado prácticas lesivas para el abasto.

La protesta fiscal tampoco fue extraña. En los primeros días de 1720, en El Puerto de Santa María, mercaderes y gremios cerraron tiendas contra el alza de la contribución de cientos, con alteraciones públicas y temor al desabastecimiento, en un clima donde vecinos se agrupaban por calles para expresar su impaciencia ante exacciones continuas.

La presencia de tropas generó roces: antes de construirse cuarteles, vecinos debían alojarlas y suministrarlas. En 1664, un regimiento de unos 1.600 hombres al mando del coronel Abraham Bernardt, de nación alemana, causó trastornos: se requisaron carretas y bagajes, hubo maltrato a bueyes y carreteros y pérdidas de enseres. En 1689, el alojamiento de un tercio de la Real Armada exigió vigilancia constante; en 1690, un tumulto de soldados en tránsito acabó con un regidor herido tras una disputa por alojamientos. Son episodios que revelan la fricción cotidiana entre necesidades militares y cargas vecinales.

La bibliografía sobre estos procesos es amplia. Destacan, entre otros, trabajos que analizan la lucha por la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen, las alteraciones andaluzas de mediados del XVII, la violencia señorial en plazas como Osuna, la Andalucía rural del Seiscientos, o la historia de ciudades mercantiles del XVIII. Estas investigaciones ofrecen claves para leer el conflicto como una constante histórica, no como excepción.

Recursos, lecturas y revistas especializadas

Para profundizar en el estudio del conflicto social conviene combinar teoría, casos y herramientas de análisis. Hay aportes valiosos sobre teorías del conflicto (Jesús Giner), enfoques desde la conciliación y la mediación (Rafael Medina Rospigliosi), y debates en torno al reconocimiento y el lazo social (Vanessa Lemm). También se encuentran monografías sobre el papel del Estado en las regulaciones del conflicto (Osvaldo Cañete), y repositorios documentales como la Biblioteca Nacional de Maestros.

Existen apuntes sobre la medición de la conflictividad (Mariano Millán), reflexiones de Irene Vasilachis de Gialdino sobre pobreza, trabajo, identidad y conflictos, y propuestas posmodernas (Nora Femenia). En el cruce entre crisis climática y conflictividad, Sergio Ferrari explora cómo se potencian las tensiones; Bruno Trentin aborda libertad y conflicto; y Ignacio Martín-Baró estudia el impacto psicológico de los contextos conflagrados.

Otras lecturas relevantes incluyen trabajos de María del Pilar Rodríguez sobre conflicto y cambio social; análisis de José Seoane y Clara Algranati sobre geografía política del conflicto en América Latina; reseñas de las funciones del conflicto social según Lewis Coser (Alberto Sánchez Crespo); y un clásico de economía política regional: Jeffrey D. Sachs sobre conflicto social y políticas populistas en América Latina.

En clave práctica, se recomienda el documento académico disponible en acceso abierto que define el conflicto social como disputa por el control de recursos materiales y simbólicos y por las relaciones de poder, y que describe cómo se movilizan actores, dónde y con qué repertorios de acción. Se puede consultar en este enlace: Descargar PDF. Asimismo, Wikcionario ofrece entradas útiles sobre «conflicto» para clarificar usos y acepciones.

La revista académica Conflicto Social es un espacio abierto a perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas sobre relaciones de explotación y dominación, resistencias, violencias y luchas sociales y políticas. Para envíos editoriales figuran los contactos de edición (Matías Artese y Marta Danieletto), y se anunció el Vol. 18, Núm. 33 de la publicación, una muestra de la vitalidad del campo de estudio.

Finalmente, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (España), publica recursos y asistencia técnica: sede en calle Montalbán, 8 (28014, Madrid), correo de publicaciones y soporte editorial, y sitios web oficiales para consulta de la revista REIS y otros materiales. Es un nodo institucional clave para quien investiga y diseña políticas.

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Nota sobre el entorno digital: en ocasiones aparecen «ruidos» como anuncios de juego en línea (promesas de RTP alto, jackpots, enlaces de «slot»), ajenos al tema que nos ocupa. Distinguirlos y descartarlos es parte del higiene informativo cuando se investiga sobre conflicto social.

Mirado en conjunto, el conflicto social es una constante histórica y una experiencia cotidiana: se alimenta de desigualdades, identidades y reglas, se expresa desde la disputa institucional a la protesta y la guerra, y se tramita mejor cuando hay Estado presente, datos fiables, procesos inclusivos y herramientas como la mediación y la negociación; comprender sus teorías y su historia ayuda a gestionarlo con menos daño y con más justicia.