- La pobreza en España aumenta del 19,5% al 23,5% cuando se descuentan los gastos de alojamiento de la renta disponible.
- Existen casi dos millones de personas en situación de pobreza oculta, concentrándose el 72,5% en el alquiler de mercado.
- La vulnerabilidad residencial afecta principalmente a jóvenes, inmigrantes y residentes en zonas tensionadas como Madrid, Baleares y Cataluña.
- Se propone integrar los costes habitacionales en las políticas de garantías de ingresos para ajustar mejor las ayudas públicas.
Si miramos las cifras oficiales de la última década, parece que España va por buen camino. Los indicadores de bienestar han mejorado y la brecha de desigualdad se ha ido cerrando poco a poco. Sin embargo, hay una trampa estadística que hace que mucha gente sienta que, aunque los datos digan que estamos mejor, llegar a fin de mes sigue siendo una odisea para millones de familias.
El problema reside en que las mediciones tradicionales se basan en la renta disponible, pero no tienen en cuenta que el coste de tener un techo varía drásticamente de un hogar a otro. No es lo mismo ganar 1.500 euros viviendo en una casa heredada que ganar lo mismo teniendo que pagar un alquiler abusivo en una ciudad tensionada; en el segundo caso, la capacidad real de consumo se desploma, creando una situación de precariedad que los libros de cuentas oficiales no suelen registrar.
La realidad detrás de la renta disponible
Un análisis exhaustivo basado en la Encuesta de Condiciones de Vida revela que utilizar solo los ingresos monetarios es insuficiente para diagnosticar la salud económica de la población. Mientras que la tasa de pobreza convencional se sitúa en el 19,5%, esta cifra sube hasta el 23,5% si restamos el gasto necesario para acceder a una vivienda. Esta diferencia no es un simple detalle numérico, sino que pone de manifiesto la existencia de una pobreza oculta que afecta a unos 1,95 millones de personas.
Lo más grave es que la vivienda no solo hace que más gente caiga por debajo del umbral de pobreza, sino que intensifica la severidad de la misma para quienes ya eran vulnerables. Los indicadores de profundidad y severidad de la pobreza crecen un 38,5% y un 50,3% respectivamente al incluir el gasto residencial, lo que significa que el impacto económico es mucho más agresivo de lo que parece a simple vista.
El alquiler: el gran motor de la vulnerabilidad
El mercado del alquiler se ha convertido en el principal foco de inestabilidad. Entre 2014 y 2025, el porcentaje de población que alquila a precio de mercado ha subido del 12,1% al 17,4%. Este régimen es el que presenta los mayores costes de entrada y menos capacidad para protegerse de las subidas de precios. De hecho, la pobreza convencional afecta al 32,8% de los inquilinos, pero esta cifra se dispara al 49,9% tras pagar el alquiler.
Para que nos demos una idea de la magnitud del problema, uno de cada cuatro inquilinos que inicialmente no era considerado pobre termina siendo pobre una vez que paga su mensualidad. Es lógico que el alquiler concentre el 72,5% de toda la pobreza oculta del país. El coste mediano de acceso al alquiler ronda los 7.200 euros anuales, mientras que alguien con hipoteca gasta apenas 1.947 euros, evidenciando una brecha de capacidad económica abismal entre diferentes tipos de tenencia.
Perfiles sociales y focos geográficos
Esta precariedad no se reparte de forma equitativa, sino que tiene un rostro muy claro. Los más castigados son los jóvenes menores de 35 años y las personas nacidas fuera de la Unión Europea. Mientras que solo un 1,8% de los hogares encabezados por mayores de 65 años cae en la pobreza oculta, la tasa sube hasta el 19,5% en el caso de los inmigrantes, quienes a menudo no tienen red de apoyo ni vivienda propia.
Geográficamente, hay zonas donde el mercado está totalmente tensionado y el gasto residencial se vuelve asfixiante. El porcentaje de hogares que destinan más de 10.000 euros al año a la vivienda es alarmante en comunidades como:
- Madrid, con un 23,7% de la población en esta situación.
- Baleares, alcanzando el 20,4%.
- Cataluña, donde llega al 18%.
Estos datos contrastan fuertemente con la media nacional, que se sitúa en el 9,4%, confirmando que el lugar donde vives determina en gran medida tu estabilidad económica real.
El efecto amortiguador de la propiedad
En la otra cara de la moneda encontramos el llamado alquiler imputado, que es básicamente el ahorro que supone no pagar una renta de mercado. Si incorporamos esta ventaja económica, unos 3,38 millones de personas que aparecen como pobres por sus ingresos monetarios dejarían de serlo. Este fenómeno ocurre sobre todo en propietarios mayores sin hipoteca.
Es importante aclarar que esto no significa que tengan más dinero en el bolsillo, sino que su estilo de vida es más sostenible porque no tienen que dedicar una parte enorme de su pensión o salario al alojamiento. Esto demuestra que la propiedad de la vivienda actúa como un seguro contra la pobreza, mientras que el alquiler es, hoy en día, un factor de riesgo.
Hacia un nuevo modelo de protección social
La correspondencia entre la pobreza monetaria y la carencia material severa mejora considerablemente cuando se descuenta el gasto residencial. La medición convencional solo detecta al 46,7% de quienes sufren privaciones graves, pero si restamos el coste de acceso a la vivienda, la cobertura sube al 56,9%, y llega al 66,1% si consideramos el gasto total (suministros, mantenimiento, etc.).
Esto plantea la necesidad urgente de reformular la política social y las garantías de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital. No basta con mirar cuánto gana una familia antes de pagar el alquiler; es fundamental analizar cuánto resources quedan después de cubrir la necesidad básica de alojamiento. Solo así se podrá detectar la vulnerabilidad real y evitar que miles de familias queden fuera del sistema de protección pública por culpa de una estadística incompleta.
La situación habitacional en España ha creado una realidad donde la renta disponible es un espejismo que oculta la precariedad de casi dos millones de personas, especialmente jóvenes e inmigrantes en ciudades tensionadas, lo que obliga a repensar las ayudas sociales para que se ajusten al coste real de la vida y no solo a los ingresos brutos.
