- La Ley 7/2022 introduce nuevos gravámenes ambientales y regula el IVA cero para donaciones a entidades sin fines lucrativos.
- Diversos sectores sociales y empresariales impulsan la creación de un "IVA Verde" y exenciones fiscales para fomentar la reutilización de productos.
- La Unión Europea busca modernizar la normativa del IVA para eliminar barreras que frenan los modelos de negocio sostenibles.
Cuando hablamos de cuidar el planeta, solemos pensar en reciclar más o contaminar menos, pero hay una pieza del puzzle que a veces se nos olvida: los impuestos. La fiscalidad no es solo una herramienta para recaudar dinero, sino que puede ser el motor que impulse o, por el contrario, frene la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible donde nada se desperdicie y todo se aproveche al máximo.
En España, el debate sobre el IVA de la economía circular está cogiendo fuerza. No se trata solo de aplicar la ley, sino de cuestionar si el sistema actual es justo para quienes intentan hacer las cosas bien. Mientras que algunas empresas externalizan sus costes ambientales, otras se esfuerzan por ser sostenibles, enfrentándose a menudo a una desventaja competitiva debido a que la normativa fiscal no siempre va a la par de las necesidades ecológicas actuales.
La Ley de Residuos y los nuevos impuestos ambientales
Un punto de inflexión fundamental ha sido la publicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, centrada en los residuos y los suelos contaminados. Esta norma no se ha quedado en simples recomendaciones, sino que ha instaurado dos impuestos específicos que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Por un lado, tenemos el impuesto sobre envases de plástico que no pueden reutilizarse y, por otro, el gravamen sobre el depósito de residuos en vertederos, así como su incineración o coincineración.
Más allá de estos nuevos impuestos, la ley toca un punto clave respecto al IVA. Se ha establecido un régimen especial para las donaciones de productos destinadas a entidades sin ánimo de lucro. Para evitar que el autoconsumo sea un problema fiscal, se presume que los bienes donados han sufrido un deterioro total, permitiendo que se aplique un tipo del cero por ciento, siempre que las entidades receptoras utilicen esos bienes para fines de interés general.
El debate sobre el IVA Verde y la competencia justa
A pesar de los avances, hay voces que claman que esto no es suficiente. Desde sectores como el textil y la economía social, se propone la implementación de un IVA Verde. La idea es sencilla pero potente: reducir el IVA al 10% para aquellos productos y servicios que demuestren ser realmente sostenibles, basándose en los motores estratégicos de la sostenibilidad en la empresa. Esto evitaría que las empresas con un ADN ecológico compitan en desigualdad contra modelos que no pagan por la regeneración del medioambiente.
Para que esto no se quede en simples palabras o en el famoso greenwashing, se sugiere la creación de un organismo independiente y la implementación de sellos de certificación, similares a los de ENISA pero enfocados en la circularidad, avalados por comités científicos y expertos. El objetivo es que el consumidor final pueda acceder a precios más asequibles en productos responsables, incentivando así un consumo más consciente y responsable.
La lucha contra el desperdicio y la reutilización
Otro frente abierto es la venta de productos de segunda mano. Iniciativas como #UnImpulsoRedondo defienden que el IVA cero debería aplicarse a los bienes que provienen de procesos de preparación para la reutilización gestionados por la Economía Social. Es sorprendente ver que la recaudación por estas ventas es ínfima, apenas un 0,02% del total, mientras que los beneficios en términos de ahorro de CO2 y generación de empleo verde para colectivos excluidos son masivos.
En la misma línea, asociaciones como AECOC y otras entidades han presentado el documento «Donar para cuidar el planeta». En él, denuncian que el IVA actual actúa como un freno a la donación a gran escala. Argumentan que es absurdo que donar alimentos o productos que están fuera del circuito comercial sea imponible, cuando el objetivo debería ser evitar que terminen en la basura. Países como Francia o Bélgica ya han eliminado este obstáculo, demostrando que una fiscalidad coherente dispara la cantidad de donaciones y reduce drásticamente la generación de residuos.
Perspectiva Europea y modernización normativa
Este movimiento no es solo español. La Comisión Europea es consciente de que algunas normas del IVA están obsoletas y obstaculizan los modelos de negocio circulares. Por ello, han abierto convocatorias para recoger datos y modernizar la directiva del IVA, buscando que las opciones sostenibles no se vean penalizadas fiscalmente. La meta es armonizar los criterios para que el valor de los productos cercanos a su fecha de caducidad se considere mínimo o nulo, facilitando su redistribución.
La integración de estas medidas permitiría que las empresas no vean la sostenibilidad como un coste adicional, sino como una oportunidad. Al alinear la regulación medioambiental con la política fiscal, se puede lograr que el sector empresarial se mueva hacia la economía circular no solo por ética, sino por viabilidad económica, asegurando que quien contamine pague y quien proteja el entorno sea recompensado.
La transición hacia un sistema fiscal más ecológico requiere que la Ley de Residuos se complemente con exenciones de IVA en donaciones y un apoyo real a la reutilización. Al reducir las barreras impositivas para los productos sostenibles y de segunda mano, se fomenta la creación de empleo inclusivo y se reduce la huella de carbono, transformando el sistema tributario en una herramienta activa para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
