Guía Completa sobre la Provisión de Puestos por Libre Designación

Última actualización: octubre 21, 2026
  • Se define como un sistema de provisión discrecional basado en la idoneidad técnica y profesional del candidato.
  • Exige la publicación de bases objetivas y una resolución motivada para evitar la arbitrariedad administrativa.
  • Regula tanto el nombramiento como el cese, garantizando siempre el respeto a los principios de mérito y capacidad.

Entrevista de selección profesional para un puesto de libre designación en la administración pública

Cuando hablamos de cómo se cubren las plazas en la administración pública, solemos pensar en oposiciones cerradas o concursos muy rígidos. Sin embargo, existe una vía más flexible llamada libre designación con convocatoria pública, que permite a los organismos elegir al perfil que mejor encaje con las necesidades reales de un puesto, basándose en la idoneidad y no solo en un baremo de puntos.

Este mecanismo no es un cheque en blanco para hacer lo que uno quiera, sino que está estrictamente regulado por el Estatuto Básico del Empleado Público y otras normativas específicas, como las de la función pública andaluza o el régimen local. La idea es equilibrar la libertad de elección de la administración con los pilares de igualdad, mérito y capacidad, asegurando que quien ocupe el cargo esté realmente a la altura.

Fundamentos y Marco Legal

Documento administrativo oficial sellado, representando el marco legal y la seguridad jurídica de la libre designación

La provisión de puestos para funcionarios de carrera se mueve principalmente entre el concurso y la libre designación. Esta última se entiende como una apreciación discrecional de la idoneidad del aspirante frente a los requisitos del puesto. En el ámbito local, la Ley 7/1985 y el RD 128/2018 ponen el foco en los habilitados nacionales, estableciendo que este sistema es excepcional y requiere condiciones concretas, como que el municipio supere los 75.000 habitantes o sea capital de provincia.

Para que este proceso sea legal, es imprescindible que el puesto esté así catalogado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Si no es así, hay que modificar la RPT previamente y, en muchos casos, contar con el visto bueno de la comunidad autónoma correspondiente. Básicamente, no se puede improvisar una libre designación sobre la marcha; tiene que haber una base normativa previa que lo sustente.

El Procedimiento de Nombramiento

Firma de una resolución de nombramiento para un cargo de confianza técnica

Para empezar, el órgano competente debe aprobar unas bases que sean objetivas, concretas y congruentes. Estas bases deben detallar la denominación del puesto, el nivel de complemento de destino y los requisitos técnicos necesarios. Una vez publicadas en el boletín oficial, los interesados suelen tener un plazo de quince días hábiles para presentar sus solicitudes, adjuntando su currículum y la documentación que acredite su trayectoria.

El proceso no termina con la solicitud. La administración debe emitir un informe de adjudicación y dictar una resolución de nombramiento. Aquí es donde entra la parte delicada: la motivación del acto. Como es un acto discrecional, la ley exige que se explique por qué el candidato elegido es el más apto. No basta con decir que cumple los requisitos; hay que detallar qué cualidades profesionales específicas le dan un plus sobre el resto de aspirantes.

La Importancia de la Motivación y la Confianza Técnica

Profesional con perfil técnico idóneo para liderar la gestión de personal

Hay un error común al pensar que la «confianza» en estos puestos es algo personal o ideológico. La jurisprudencia es tajante: la confianza debe ser estrictamente técnica. Se confía en que la persona está mejor preparada profesionalmente para ese reto concreto, no en que sea «amigo de» o comparta una ideología. Los tribunales han endurecido mucho los criterios, señalando que una resolución sin una motivación suficiente es arbitraria y, por tanto, nula.

En la práctica, la resolución debe identificar los criterios de interés general que se han priorizado y cómo el nombrado encaja mejor en ellos. Si un candidato cumple todos los requisitos de las bases, la administración no puede simplemente declarar el puesto desierto; debe adjudicar la plaza entre quienes reúnan las condiciones exigidas, evitando así el uso abusivo de la discrecionalidad.

El Cese del Funcionario

Balanza de la justicia junto a un ordenador, simbolizando el equilibrio entre la discrecionalidad administrativa y la protección del funcionario

Llegado el momento de dejar el puesto, se aplica el principio de contrarius actus: si el nombramiento fue discrecional y motivado, el cese también debe serlo. No se puede echar a alguien simplemente diciendo que se ha «perdido la confianza». Es necesario exteriorizar las razones objetivas que han llevado a esa decisión, permitiendo que el funcionario pueda defenderse y alegar en un plazo de entre diez y quince días.

Un punto clave es que, al cesar, el funcionario tiene derecho a que se le asigne un puesto de su mismo grupo y escala. Este nuevo destino no puede ser inferior en más de dos niveles a su grado personal. Por ejemplo, si alguien tiene un nivel 28, no puede ser bajado a un nivel 25; como mínimo debe quedarse en un 26. Esta medida busca proteger la estabilidad laboral del funcionario frente a la naturaleza temporal de los puestos de confianza.

Documentación y Gestión Administrativa

Para que el expediente esté blindado jurídicamente, debe contener una serie de documentos básicos. En el nombramiento, esto incluye desde el acuerdo de bases y la convocatoria hasta el informe del instructor y la resolución final notificada a todos los participantes. En el caso del cese, es vital el informe de la unidad donde presta servicio el funcionario, detallando la pérdida de idoneidad técnica.

En cuanto a la toma de posesión, los plazos suelen ser de tres días hábiles si no hay cambio de domicilio o de un mes si hay que mudarse. Es un proceso relativamente ágil, donde no se requiere juramento o promesa del cargo si el funcionario ya ingresó previamente en la administración, ya que se entiende que ya posee la condición de funcionario de carrera.

Toda la gestión de la libre designación orbita alrededor de la tensión entre la libertad organizativa de la Administración y la protección del funcionario contra la arbitrariedad. Desde la definición técnica del puesto en la RPT hasta la obligatoriedad de una motivación exhaustiva tanto en el alta como en el baja, el sistema busca que la capacidad profesional sea la única moneda de cambio, asegurando que los cargos de confianza técnica se gestionen con total transparencia y rigor jurídico.