Jubilación flexible para la generación del baby boom en España

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La jubilación flexible de la generación del baby boom se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación cuando se habla del futuro de las pensiones en España. No es para menos: en los próximos años empezarán a retirarse de forma masiva millones de personas nacidas entre finales de los 50 y finales de los 70, justo la cohorte más numerosa de nuestra historia reciente.

Este relevo generacional llega en un contexto de envejecimiento acelerado, baja natalidad y cuentas de la Seguridad Social tensionadas. El debate ya no es solo si habrá pensiones, sino cómo deben adaptarse el sistema laboral y el sistema público de pensiones para aprovechar el talento sénior, repartir los costes entre generaciones y permitir que quien quiera seguir trabajando pueda hacerlo de forma compatible con su pensión.

Quiénes son los baby boomers y por qué su jubilación marca un antes y un después

En España se considera generación del baby boom a quienes nacieron aproximadamente entre 1957 y 1977, hijos del desarrollismo económico de los 60 y primeros 70. Muchos crecieron sin televisión en color, sin teléfono fijo en casa y con aulas abarrotadas, con más de cuarenta alumnos por clase, en un país que avanzaba a toda velocidad hacia la modernización.

Según estimaciones del Ministerio de Seguridad Social, en España hay hoy unos 7,7 millones de personas nacidas entre 1957 y 1977. Esa explosión demográfica fue la consecuencia de varias posguerras y de la mejora económica posterior, y se replicó, con matices, en otros países europeos y en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de su vida laboral, esta generación ha atravesado varias crisis: la del petróleo en los 70, la financiera e inmobiliaria de principios de siglo, los ERE masivos de muchas empresas y, más recientemente, la pandemia de la COVID‑19. Muchos han sufrido periodos de desempleo, recortes salariales o salidas adelantadas del mercado laboral.

Los nacidos en 1960 cumplen 65 años en 2025 y, si acumulan en torno a 38 años y medio cotizados, ya pueden jubilarse con el 100% de la pensión. Los mayores del baby boom ya han empezado a retirarse, pero el grueso del proceso se concentrará en las dos próximas décadas, lo que va a tensionar tanto el gasto en pensiones como el propio mercado de trabajo.

Este contexto explica por qué su jubilación es un punto de inflexión para el Estado del bienestar: hablamos de la generación más numerosa, con mejor salud y mayor esperanza de vida, pero también con un sistema de pensiones que fue diseñado para una realidad demográfica muy distinta a la actual.

Envejecimiento, baja natalidad y presión sobre el sistema público de pensiones

España está inmersa en un proceso de envejecimiento demográfico muy acusado. La tasa de dependencia de mayores (relación entre población de más de 64 años y personas en edad de trabajar de 16 a 64 años) pasará, según distintas proyecciones, de alrededor del 33% actual a cerca del 57% en 2050. Es decir, habrá muchos más jubilados en relación con los trabajadores activos.

Entre 2022 y 2050 se espera que el número de pensiones públicas en España aumente en más de 5 millones, lo que supone un incremento superior al 50%. Se pasaría de unos 10 millones de pensiones actuales a unos 15 millones a mitad de siglo, en gran medida por la jubilación de los baby boomers y por el aumento de la esperanza de vida.

El INE estima que en 2050 podría haber unos 16,6 millones de personas mayores de 65 años frente a unos 27 millones en edad de trabajar. La ratio afiliados/pensionistas caerá, según algunas proyecciones, de unos 2,03 trabajadores por pensionista en 2022 a apenas 1,5 en 2050, cuando lo deseable para un sistema de reparto sólido son, al menos, dos cotizantes por cada pensión.

Este desequilibrio no se debe solo a la jubilación masiva de los baby boomers, sino también al desplome de la natalidad desde mediados de los 70 y a la extensión de la esperanza de vida. En 1980, España cruzó por debajo del umbral de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y, desde entonces, no lo ha vuelto a superar. Al mismo tiempo, una persona que cumplía 65 años en 1975 podía esperar vivir unos 15 años más; hoy, la esperanza de vida a los 65 años ronda los 22 años.

Hace unas cuatro décadas había en torno a 5,3 cotizantes por cada pensionista; hoy, apenas 2,3‑2,4, y las proyecciones indican que en unas décadas se rozará prácticamente el uno a uno. Con menos nacimientos, más longevidad y una generación tan numerosa entrando en la jubilación, el modelo actual de financiación de las pensiones entra en zona de riesgo.

Además, el sistema público español se basa en la solidaridad intergeneracional: las cotizaciones de los trabajadores de hoy financian las prestaciones de los jubilados actuales. Ese pacto tácito se complica cuando la pirámide poblacional se invierte: menos jóvenes soportando el coste de más mayores con carreras laborales largas y derechos adquiridos elevados.

El desajuste financiero: ingresos récord, gasto al alza y déficit contributivo

Pese a que la Seguridad Social viene registrando en los últimos años ingresos por cotizaciones en máximos históricos, estas entradas no bastan para cubrir el coste total de las pensiones. En los primeros seis meses del último ejercicio con datos cerrados, las cotizaciones crecieron más de un 7% interanual, superando los 87.000 millones de euros y marcando de nuevo récord recaudatorio.

Aun así, el sistema presenta un déficit contributivo recurrente: lo recaudado vía cotizaciones no cubre el importe de las pensiones, por lo que el Estado debe completar mes a mes mediante transferencias presupuestarias y emisión de deuda. Según herramientas de seguimiento como el denominado Pensiómetro, el déficit contributivo de la Seguridad Social supera ya los 31.000 millones de euros en 2024.

Este desequilibrio se agravará a medida que se aceleren las jubilaciones del baby boom. Diferentes organismos han realizado sus proyecciones de gasto en pensiones como porcentaje del PIB para 2050. El Gobierno calcula un pico en torno al 14,7% del PIB (desde el 12,9% de 2022), mientras que la Airef lo eleva al 16,1% y algunos centros de estudio, como Fedea, apuntan incluso a dos puntos más.

A pesar de que, comparativamente, España tiene todavía menos pensionistas que otros países envejecidos, el gasto en pensiones sobre el PIB ya está entre los más altos de Europa. Esto repercute en una cuña fiscal muy elevada para los trabajadores, es decir, un peso considerable de cotizaciones y cargas sobre el sueldo y salario, al tiempo que los jubilados disfrutan de prestaciones relativamente generosas.

Paradójicamente, los pensionistas también han salido perjudicados en cierto modo, porque los derechos que creían consolidados se han ido modificando mediante reformas sucesivas. Es decir, han contribuido bajo unas reglas que, con el tiempo, se han ido endureciendo (más años de cálculo, más exigencia de cotización, cambios en la edad de retiro, etc.).

Reformas en marcha: edad de jubilación, MEI y revisión periódica del sistema

Para afrontar el reto del baby boom, España ha ido aprobando en los últimos años reformas paramétricas del sistema de pensiones, es decir, ajustes en las reglas de acceso y cálculo, sin abandonar el modelo de reparto de caja común. La edad ordinaria de jubilación aumenta de forma gradual y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión.

Desde 2025, la edad legal ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quien sí tenga esa carrera mínima puede seguir retirándose a los 65. En 2026, la edad de referencia subirá a 66 años y 10 meses para quienes no alcancen ese periodo, y en 2027 la edad ordinaria general será de 67 años, manteniéndose los 65 solo para quienes superen determinados años de cotización.

Una pieza clave reciente es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en 2023. Su objetivo es repartir de manera gradual y moderada el mayor coste que supondrá la jubilación del baby boom, de forma que la generación que se jubila y las siguientes compartan el esfuerzo.

En la práctica, el MEI se traduce en una sobrecotización adicional sobre las nóminas, asumida en su mayor parte por las empresas y en menor medida por los trabajadores, equivalente a unos 12 euros más al mes en términos medios (aproximadamente 10 euros a cargo de la empresa y 2 del empleado, en números redondos). Estos recursos se destinan a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Paralelamente, se han introducido penalizaciones más severas para las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad ordinaria. Por ejemplo, retirarse dos años antes sin alcanzar ciertos años de cotización puede implicar recortes cercanos al 21% sobre la pensión, mientras que seguir trabajando después de los 67 años ofrece incrementos o pagos a tanto alzado.

La última gran reforma incluyó también un mecanismo de revisión trienal del sistema, de forma que cada tres años se analice si la senda de ingresos y gastos se ajusta a los objetivos fijados. La primera prueba se ha superado formalmente, aunque la Airef ha advertido de que la regla no contempla adecuadamente el aumento de las transferencias del Estado que serán necesarias para sostener el sistema, y que podrían llegar a triplicar su peso sobre el PIB hacia 2050.

Jubilación flexible y compatible: aprovechar el talento sénior

Más allá de subir la edad legal o cobrar un poco más de cotizaciones, muchos expertos coinciden en que una de las grandes palancas para afrontar el envejecimiento es una jubilación verdaderamente flexible y plenamente compatible con el trabajo. Aquí es donde entra de lleno la situación de la generación del baby boom.

La legislación española ha estado tradicionalmente marcada por la incompatibilidad entre cobrar una pensión de jubilación y seguir trabajando, salvo figuras muy tasadas (jubilación activa con limitaciones, jubilación parcial, etc.). Este enfoque está cada vez más cuestionado en un país que vive más, con mejor salud, y donde la población en edad de trabajar va a escasear.

Desde entidades como Fedea se ha propuesto una reforma ambiciosa para generalizar la compatibilidad plena entre pensión y empleo remunerado, basada en un principio clave: la voluntariedad. Quien quiera dejar de trabajar, que pueda hacerlo; quien prefiera seguir activo parcial o totalmente, que no se vea penalizado por el sistema.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la creación de un nuevo tipo de contrato laboral específico para trabajadores mayores, con un régimen jurídico especial, especialmente en materia de extinción, que elimine o reduzca al mínimo los costes indemnizatorios para las empresas. La idea es que los empleadores no teman contratar o mantener a personas de más edad por miedo a cargas futuras.

También se plantea avanzar hacia una auténtica “jubilación a la carta”, que permita adaptar la salida del mercado de trabajo no solo a la penosidad del oficio o al estado de salud, sino también a las preferencias personales. En un contexto de longevidad creciente, tendría sentido que una parte creciente de la población trabajase más años, pero quizá con menos intensidad horaria, o alternando periodos de actividad y descanso.

Esta orientación hacia la flexibilidad perseguiría tres grandes objetivos: aprovechar al máximo el potencial de empleo del país en un momento de escasez de mano de obra, ayudar a los trabajadores que quieran seguir activos a mejorar sus rentas durante la jubilación y aliviar la presión financiera del sistema, reduciendo el gasto en pensiones a tiempo completo y aumentando los ingresos por cotizaciones y tributos.

El propio José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España y artífice de la última reforma de pensiones como ministro, defiende que los incentivos a prolongar la vida laboral ya han elevado la edad efectiva de jubilación por encima de los 65 años. Sin embargo, él mismo reconoce que aún quedan “flecos” por cerrar, entre ellos el desarrollo completo de la jubilación flexible.

Un mercado laboral en transformación: vacantes, sectores críticos y falta de relevo

La jubilación masiva del baby boom no solo repercute en las cuentas de la Seguridad Social; también va a remover profundamente el mercado laboral español. Los servicios técnicos del SEPE calculan que, en los próximos diez años, alrededor del 80% del nuevo empleo que se genere serán puestos de reemplazo, es decir, plazas que quedan vacantes por jubilación de trabajadores actuales.

Algunos sectores ya muestran signos claros de tensión. Sanidad, Administraciones públicas y educación concentran una proporción muy elevada de trabajadores de entre 51 y 64 años y relativamente pocos jóvenes. En la sanidad, cerca del 12,7% de los ocupados tiene 60 años o más; en el conjunto de las Administraciones públicas, el 15,6%; y en la educación, alrededor del 7,8%. En total, estos tres ámbitos suman más de 3,5 millones de trabajadores, muchos de los cuales se jubilarán en bloque en los próximos años.

La Administración General del Estado es un buen ejemplo del problema. De sus cerca de 200.000 funcionarios, más de la mitad (unos 104.000) se jubilarán en la próxima década. Aunque se están reponiendo las bajas con tasas de reposición por encima del 100%, los recortes de personal entre 2010 y 2017 dejaron un agujero importante y, al ritmo actual de creación neta de empleo público, se tardarían décadas en recuperar lo perdido en la anterior crisis.

En educación, las cifras también son elocuentes: solo un pequeño porcentaje de maestros de infantil y primaria es menor de 30 años, frente a casi un tercio por encima de los 50. En secundaria y universidad, el relevo es todavía más escaso: los docentes jóvenes representan una fracción mínima frente al elevado peso del profesorado de más de 50 años.

La sanidad pública, por su parte, combina envejecimiento de plantillas con problemas de planificación, precariedad contractual y fuga de talento hacia la sanidad privada o el extranjero. Especialidades como radiología o anestesiología ya sufren falta de profesionales, con efectos directos en retrasos diagnósticos, quirófanos infrautilizados y listas de espera crecientes.

Si se amplía el foco a toda la economía, se observa que hay una treintena de ramas de actividad con un porcentaje de trabajadores mayores de 60 años por encima de la media. Sectores como la reparación de objetos de uso doméstico y ordenadores, la agricultura, la industria del cuero y el calzado o las actividades inmobiliarias presentan plantillas muy envejecidas y, en muchos casos, poca cantera joven.

Dónde encontrar el relevo: inmigración, mujeres, personas con discapacidad y sénior

Ante esta previsible escasez de mano de obra, distintos informes apuntan a varias vías de actuación complementarias para mantener el tamaño de la fuerza laboral y sostener el crecimiento económico. Una de las más importantes es la inmigración: el INE prevé la llegada de unos 4,6 millones de inmigrantes entre 2026 y 2035, de los que se estima que el 70% buscará empleo, es decir, unos 2,5 millones de potenciales trabajadores.

Aun así, las cuentas no salen solo con inmigración. Según los datos demográficos, en los próximos diez años cerca de 5,3 millones de trabajadores alcanzarán edades de jubilación, mientras que el flujo de jóvenes que se incorporarán al mercado apenas compensará a una de cada tres personas que se retiren. España podría enfrentarse a un déficit potencial de unos 3,5 millones de trabajadores si no actúa.

El resto del ajuste debería venir de un aumento de la tasa de actividad de colectivos infrarrepresentados en el empleo: mujeres (especialmente madres y cuidadoras), personas con discapacidad y profesionales sénior a partir de los 50 años. A ello se suma la necesidad de ganar productividad gracias a la digitalización y la inteligencia artificial, que permitan hacer más con menos trabajadores.

La OCDE insiste en que, movilizando estos recursos laborales poco explotados, España podría impulsar el crecimiento del PIB per cápita por encima de su tendencia reciente. No obstante, para acercarse al ritmo de otras economías avanzadas, el país necesitaría también mejoras significativas en productividad y en la calidad de su sistema formativo a lo largo de toda la vida.

En el plano político, hasta ahora no se ha articulado una estrategia completamente integral para el relevo laboral del baby boom más allá de medidas para prolongar la vida laboral y un borrador de regulación de la jubilación flexible, que busca incentivar el regreso parcial de jubilados al trabajo en condiciones reguladas y con garantías.

Una sociedad que vive más: vida centenaria, dignidad y previsión individual

Dentro del debate sobre jubilación flexible y generación del baby boom subyace una realidad de fondo: España se adentra en la era de la vida centenaria. Distintos expertos en envejecimiento y pensiones señalan que viviremos más y, en muchos casos, con mejor salud, lo que abre oportunidades pero también obliga a replantear cómo organizamos la etapa final de la vida.

En foros como el XII Congreso Notarial Español se ha insistido en la importancia de construir una sociedad para todas las edades, que proteja la vulnerabilidad asociada a la vejez (fragilidad física, psíquica o patrimonial) sin mermar la dignidad y la libertad de las personas mayores. El Derecho, en este contexto, debe ofrecer instrumentos para combinar protección y autonomía.

Se ha subrayado también que la respuesta del sistema público de pensiones y del sistema sanitario es necesaria pero insuficiente para cubrir todas las necesidades de una población que puede vivir 90 o 100 años. De ahí la relevancia de la previsión individual: planificar con tiempo, ahorrar y complementar la pensión pública con planes de contribución definida se vuelve casi imprescindible si se quiere mantener el nivel de vida.

Algunos especialistas resumen la situación con tres ideas claras: no toda persona mayor accede a una pensión, no todas las pensiones son adecuadas y ninguna pensión mejora el nivel de ingresos previo. Dicho de otro modo, la jubilación pública rara vez hace “más rico” al pensionista; en el mejor de los casos, permite mantener una parte de su poder adquisitivo, y en muchos casos lo reduce.

Por ello, se reclama que la normativa tributaria y las políticas públicas incentiven de forma más decidida el ahorro a largo plazo, la previsión para la dependencia y la planificación patrimonial, por ejemplo, mediante desgravaciones o productos específicos adaptados a una vida más larga y con más etapas.

¿Hacia un nuevo contrato social entre generaciones?

La jubilación flexible para la generación del baby boom se sitúa en el centro de un nuevo contrato social que España tendrá que redefinir en las próximas décadas. Con más mayores que menores de 65 años previstos para 2050, el reto va mucho más allá de cuadrar unas cuentas: implica repensar el reparto de esfuerzos entre generaciones, el papel del trabajo sénior y el tipo de Estado del bienestar que se quiere sostener.

Sobre la mesa hay propuestas de todo tipo: desde reforzar las cuentas nocionales al estilo sueco, que vinculan más claramente pensión y cotización de cada individuo, hasta ajustar de manera automática la edad de jubilación y el importe de las prestaciones a la esperanza de vida. También se plantean medidas de contención del gasto que afecten no solo al cálculo inicial de la pensión, sino a su revalorización anual, hoy ligada a la inflación media.

Frente a quienes reclaman cambios estructurales profundos, otros actores institucionales, como el propio Banco de España, recuerdan que en el contexto político e institucional actual no parece viable abandonar el modelo de reparto de caja común. La apuesta pasa, según esta visión, por mejorar ingresos, incentivar la actividad laboral de los mayores, reforzar la gestión del sistema y afinar los ajustes paramétricos cuando sea necesario.

En paralelo, se hace evidente que la sociedad debe adaptar sus servicios, infraestructuras y políticas a una población mucho más envejecida. Eso incluye desde la sanidad y la dependencia hasta la vivienda, el transporte, el urbanismo o las tecnologías de apoyo a la autonomía personal. La soledad no deseada, que ya afecta a millones de personas mayores, es otro de los grandes desafíos asociados a esta transformación demográfica.

En este escenario, la jubilación flexible y compatible con el trabajo no es solo una cuestión técnica de Seguridad Social, sino una pieza clave para afrontar el envejecimiento de forma activa: permite que quienes tienen ganas y capacidad sigan aportando, reduce la presión financiera sobre el sistema, facilita el relevo generacional en sectores críticos y da a los baby boomers más margen para diseñar la última etapa de su vida con mayor libertad.

Mirando todo lo anterior, el futuro de la jubilación de la generación del baby boom dependerá de hasta qué punto España sea capaz de combinar reformas valientes, una mayor flexibilidad laboral, un uso inteligente del talento sénior y una cultura de previsión individual. Si se logra ese equilibrio, será más fácil transitar el pico de gasto de 2050, sostener el sistema público de pensiones y ofrecer a esta generación numerosa una retirada digna, compatible con seguir viviendo mucho y, sobre todo, viviendo bien.