La clase media como variable de ajuste fiscal en España

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La última radiografía fiscal de España lanza un aviso que ya cuesta ignorar: buena parte del esfuerzo impositivo está cayendo, una vez más, sobre los hombros de los trabajadores con rentas medias. En los últimos años, los datos de recaudación muestran cómo el Estado exprime cada vez más al contribuyente corriente, mientras la inflación reduce su poder adquisitivo y los salarios no terminan de recuperar el terreno perdido.

El resultado es un escenario en el que la clase media se ha convertido en la variable de ajuste fiscal: paga más impuestos, ve cómo suben los precios, soporta una presión creciente sobre el empleo y la vivienda, y al mismo tiempo percibe que los servicios públicos no mejoran al mismo ritmo. Esta combinación alimenta una sensación de desgaste, enfado y desconfianza hacia el sistema tributario y las instituciones.

Una presión fiscal récord sobre la renta de las personas físicas

En los últimos ejercicios, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se ha consolidado como la pieza central de la recaudación española. Los ingresos por este tributo superaron los 140.000 millones de euros, con un aumento anual cercano al 10%, y en ejercicios anteriores ya rebasaban con holgura los 120.000 millones, muy por encima de los niveles previos a la pandemia.

Este empujón recaudatorio no se explica por un boom de prosperidad generalizada, sino por el aumento del tipo efectivo medio que pagan los contribuyentes. Ese tipo efectivo, es decir, el porcentaje real de la renta que se destina al IRPF, ha rebasado por primera vez el entorno del 15% en los contribuyentes asalariados, tras haber marcado ya máximos históricos en años anteriores con registros cercanos al 14,3%.

Mientras tanto, las rentas de los hogares crecieron bastante menos que los ingresos tributarios. En un ejercicio concreto, los ingresos familiares avanzaron alrededor de un 7,2%, frente a un incremento de más del 10% de la recaudación por IRPF. El desajuste es claro: Hacienda ingresa más rápido de lo que suben los salarios y otras rentas de las familias.

En paralelo, los salarios pactados han registrado subidas de en torno al 6% en algunos años, impulsadas en buena parte por acuerdos para compensar el alza de precios derivada de crisis internacionales como las de Ucrania o Irán. Sin embargo, esos incrementos no han alcanzado el ritmo de la inflación acumulada, que llegó a superar el 16% en apenas tres ejercicios, provocando una pérdida real de poder de compra.

Esta combinación -salarios que suben menos que los precios, recaudación que se dispara y tipo efectivo del IRPF en máximos- dibuja un escenario en el que el Estado se beneficia de la inflación y de la falta de adaptación del impuesto, mientras el contribuyente medio siente que paga más sin ver una mejora tangible de sus condiciones de vida.

La progresividad en frío: pagar más sin ser más rico

Uno de los conceptos clave para entender este fenómeno es la llamada progresividad en frío. Se trata del efecto que se produce cuando la inflación y las subidas nominales de sueldo empujan a los contribuyentes a tramos superiores del IRPF, sin que exista un aumento real de su riqueza ni una mejora en términos de bienestar.

Cuando las tablas del IRPF no se actualizan con la inflación, el salario bruto de un trabajador puede crecer unos cientos o unos pocos miles de euros para compensar la subida de precios, pero ese incremento le lleva a pagar un tipo medio superior o incluso a entrar en un tramo más alto. En la práctica, se produce una subida de impuestos encubierta, que no figura en ningún titular, pero que se nota cada mes en la nómina.

Los economistas suelen coincidir en que deflactar las tarifas del IRPF -es decir, actualizar los tramos de renta y las deducciones con la inflación- es una medida técnica razonable y, de hecho, está ampliamente recomendada en los manuales. No se considera una bajada de impuestos, simplemente evita que la inflación provoque un aumento de la carga fiscal sin decisión explícita del legislador.

Sin embargo, en España el Gobierno ha optado por no deflactar con carácter general la tarifa estatal, recurriendo en su lugar a medidas muy focalizadas sobre determinadas rentas bajas o colectivos concretos. Esta negativa ha dado lugar a un incremento silencioso de la recaudación: el Consejo General de Economistas calcula que, solo por no actualizar el impuesto al IPC acumulado desde 2021, la clase media está pagando entre 232 y 611 euros adicionales al año, según el nivel de ingresos.

Un contribuyente con una renta de 30.000 euros anuales podría ahorrarse unos 232 euros si el IRPF estuviera ajustado al IPC; quien declare 45.000 euros se ahorraría algo más de 400 euros; y a partir de 70.000 euros, el beneficio rondaría los 611 euros. Para rentas muy altas, como los declarantes de 350.000 euros, la estimación de ahorro supera los 1.700 euros. Es decir, no deflactar la tarifa supone una subida de impuestos real, que se siente de forma muy directa en la nómina y en la declaración de la renta.

Una estructura fiscal que carga sobre la clase media

Más allá del IRPF, el análisis riguroso de la estructura tributaria española muestra que la carga fiscal efectiva más elevada no recae ni en los hogares con menos recursos ni en el 1% más rico, sino en los segmentos intermedios, que corresponden a la clase media y media-alta.

Según investigaciones de entidades como Fedea, el 1% más acomodado destina alrededor del 24% de sus ingresos al pago de impuestos. En cambio, los hogares situados entre los percentiles 90 y 99 -es decir, esa franja de clase media-alta o de «ricos normales»- afrontan tipos efectivos cercanos al 39%. A medida que se desciende en la escala, el peso de determinados tributos indirectos hace que incluso parte de los hogares con menos recursos llegue a soportar tasas en torno al 27,5%.

Una parte esencial del problema está en la combinación de impuestos directos sobre la renta y de impuestos indirectos sobre el consumo. Los indirectos, como el IVA o los gravámenes sobre carburantes y electricidad, no tienen en cuenta la capacidad económica de quien compra. El porcentaje de ingresos que una familia de renta baja destina a este tipo de tributos puede situarse en torno al 12%, mientras que una familia acomodada puede quedarse en un 2% o incluso menos.

Además, dentro del propio IRPF se observa un tratamiento relativamente más favorable para las rentas del capital -dividendos, plusvalías bursátiles, rendimientos inmobiliarios- frente a las rentas del trabajo. Los tipos aplicados a estos ingresos de capital suelen ser sensiblemente inferiores a los tipos marginales que soportan los asalariados en tramos medios y altos.

Por otro lado, las cotizaciones sociales, que en teoría se destinan a financiar pensiones y prestaciones y no se consideran impuestos estrictos, tienen también un componente regresivo a partir de cierto nivel. Existe una base máxima de cotización, de modo que, superado un umbral salarial, las aportaciones dejan de aumentar proporcionalmente. El resultado es que un trabajador que gana 50.000 euros acaba contribuyendo, en términos relativos, más que alguien con un sueldo de 500.000 euros, si se suma todo el esfuerzo conjunto.

Este diseño fiscal hace que, en la práctica, la clase media soporte una parte muy desproporcionada del sostenimiento del Estado, mientras las rentas muy altas tienen más margen para organizar su patrimonio, beneficiarse de tipologías de renta menos gravadas o recurrir a planificación fiscal sofisticada para reducir su carga efectiva.

El papel de los impuestos indirectos y las cotizaciones

Una de las claves para entender la sensación de asfixia fiscal es el peso de los impuestos indirectos en la recaudación total. El IVA, los impuestos especiales sobre carburantes, alcohol y tabaco, y otras tasas al consumo representan casi la mitad de los ingresos tributarios del sistema español.

Estos tributos son, por naturaleza, menos sensibles a la renta: quien gasta más, paga más en términos absolutos, pero el porcentaje que suponen sobre los ingresos de una familia de clase media o baja es muy superior al que soporta un hogar rico. Un hogar con ingresos modestos puede destinar alrededor de un 12% de su renta al IVA, mientras que un hogar acomodado apenas llega a un par de puntos porcentuales.

Las cotizaciones sociales, aunque se encuadran en otro plano porque financian principalmente el sistema de Seguridad Social, suman una parte muy significativa del esfuerzo que realizan trabajadores y empresas. La parte visible para el asalariado ronda, de media, el 6,35% del salario bruto, pero la empresa soporta otro 30% aproximado en cuotas patronales. Desde un punto de vista económico amplio, esa aportación empresarial forma parte del coste total del trabajo y, a la larga, condiciona salarios, contratación y competitividad.

En España, este coste laboral asociado a impuestos y cotizaciones sobre el empleo ha levantado advertencias en instituciones europeas, que señalan el riesgo de frenar la creación de puestos de trabajo de calidad. Aun así, el Gobierno ha mantenido o incluso incrementado estas cargas sobre empresas y autónomos, en un contexto de inflación alta y desaceleración de la actividad.

Todo ello se traduce en que, cuando se suman IRPF, cotizaciones visibles, IVA e impuestos especiales, el porcentaje de la renta que un trabajador medio dedica al Estado puede superar con facilidad el 40%, si se incluyen también las cuotas empresariales como parte del coste laboral que soporta la economía familiar.

Ejemplo real: la carga fiscal de una familia de clase media

Para aterrizar esta situación en un caso concreto, resulta útil analizar la carga fiscal global de un hogar tipo de clase media. Imaginemos una familia residente en una ciudad como San Sebastián, formada por dos adultos y dos hijos. Ambos progenitores trabajan con contrato indefinido y cada uno percibe 25.000 euros brutos al año, lo que sitúa los ingresos brutos del hogar en 50.000 euros anuales.

Aplicando la normativa foral del País Vasco de 2024, tras deducciones y bonificaciones por hijos y situación familiar, esta familia pagaría alrededor de 4.800 euros anuales en IRPF entre los dos contribuyentes. A ello se suman las cotizaciones sociales que aparecen en nómina, aproximadamente un 6,35% del salario: en conjunto, unos 3.175 euros anuales desde la perspectiva del trabajador.

En el terreno del consumo, si el hogar destina unos 30.000 euros anuales a gastos habituales (alimentación, ropa, transporte, ocio, suministros, etc.), y considerando un tipo efectivo medio del IVA cercano al 12% -al mezclar productos al 4%, 10% y 21%-, la familia desembolsaría en torno a 3.600 euros al año solo en este impuesto.

La fotografía no estaría completa sin los impuestos y tasas locales. Un IBI medio en San Sebastián podría rondar los 500 euros anuales para una vivienda estándar; el impuesto de circulación de dos vehículos habituales alcanzaría unos 250 euros; y la tasa de recogida de basuras añadiría aproximadamente 130 euros más.

A esto habría que incorporar otros gravámenes indirectos: impuestos especiales sobre carburantes (unos 500-600 euros al año si se recorren unos 12.000 kilómetros con dos coches), recargos sobre la electricidad (entre 70 y 100 euros anuales en la factura de la luz) y, eventualmente, gravámenes sobre tabaco o alcohol si la familia consume estos productos, que podrían sumar otros 100-200 euros.

En conjunto, la factura anual quedaría aproximadamente así: 4.800 euros de IRPF, 3.175 euros de cotizaciones visibles a la Seguridad Social, 3.600 en IVA, 500 de IBI, 250 de impuesto de circulación, 130 de tasa de residuos y unos 800 euros en impuestos especiales y otras cargas indirectas. El total rondaría los 13.255 euros al año, lo que equivale a cerca del 26,5% de los ingresos brutos familiares.

Si además añadimos la parte de cotización social que paga la empresa, el esfuerzo fiscal total ligado al trabajo y al consumo de esta familia de clase media superaría claramente el 40% de su renta generada, lo que ilustra hasta qué punto la presión impositiva condiciona su capacidad de ahorro, inversión y respuesta ante imprevistos.

Más recaudación, más deuda y menos claridad en el gasto

Paradójicamente, esta recaudación histórica no se ha traducido en una reducción significativa de la deuda pública. Al contrario, el endeudamiento del Estado ha marcado máximos, superando el umbral de 1,7 billones de euros. El sector público central se ha consolidado como el principal deudor entre todas las administraciones.

El año en que los ingresos tributarios totales alcanzaron unos 325.000 millones de euros, con un aumento superior al 10%, coincidió con un contexto de moderación de la actividad económica y de ralentización de las bases imponibles. Es decir, el sistema de exacción fiscal estaba dando signos de llegar al límite de lo que empresas y trabajadores pueden soportar sin que se resienta el crecimiento.

A esto se suma una falta de transparencia presupuestaria que alimenta aún más la desconfianza ciudadana. El hecho de encadenar varios ejercicios sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado actualizados ante el Parlamento reduce el control democrático sobre el destino de los recursos y dificulta responder a la pregunta básica: ¿a dónde van nuestros impuestos?

Mientras los servicios públicos muestran signos visibles de desgaste -listas de espera sanitarias, problemas de calidad educativa, infraestructuras saturadas-, la impresión generalizada entre muchos contribuyentes es que pagan más pero no ven un retorno equivalente en forma de bienes y servicios colectivos. Esa brecha entre esfuerzo fiscal y percepción de utilidad es uno de los elementos que más erosiona el llamado contrato social.

En este contexto, no es extraño que organismos profesionales, como el Consejo General de Economistas, califiquen de «decisión política de difícil justificación» la negativa a deflactar el IRPF y alerten de que la Administración está «haciendo trampa» al aprovechar el empuje de la inflación para incrementar silenciosamente su recaudación.

Qué reciben los hogares a cambio: beneficios y desequilibrios

Sería injusto afirmar que el contribuyente solo paga. El Estado ofrece a cambio una red extensa de servicios públicos y transferencias: sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo, dependencia, infraestructuras, seguridad, justicia, entre otros. De hecho, los estudios de incidencia fiscal muestran que más de la mitad de los hogares españoles recibe, en términos monetarios, más del Estado de lo que aporta directamente en impuestos.

Sin embargo, cuando se profundiza en los datos, aparecen importantes matices. Las rentas altas reciben menos en proporción a lo que aportan, algo lógico en un sistema que pretende ser progresivo. Pero eso no significa necesariamente que contribuyan en exceso, sino que, en conjunto, el diseño tributario y de gasto genera un reparto que no siempre corrige con eficacia la desigualdad de partida.

La propia estructura impositiva, con tipos efectivos máximos concentrados en las rentas intermedias, hace que buena parte del esfuerzo de sostenimiento cotidiano del sistema recaiga sobre esa clase media que no accede a ayudas directas ni a programas pensados para los ingresos más bajos. Es el perfil de hogar que queda fuera de becas, bonificaciones intensivas o subsidios, pero que tampoco disfruta de las ventajas que puede obtener quien dispone de grandes patrimonios.

En la práctica, muchos de estos hogares sienten que pagan mucho y reciben poco. Esto se traduce en una desvinculación fiscal creciente: se pierde la percepción de que la contribución impositiva es un acto de solidaridad compartida y se instala la idea de que el sistema está descompensado, premiando a unos y castigando a otros.

En términos macroeconómicos, la sobrecarga sobre las rentas medias reduce su capacidad de consumo y de ahorro, lo que puede frenar el crecimiento económico a medio plazo. Una clase media con poca capacidad de inversión, endeudada y sin colchón financiero es también más vulnerable ante futuras crisis, ya sean inflacionarias, laborales o de tipo financiero.

Lecturas económicas y políticas de la estructura fiscal

Desde una perspectiva de teoría económica clásica, un sistema fiscal se considera justo cuando cada persona contribuye según su capacidad económica real. El diseño del IRPF español, con tramos crecientes y deducciones para rentas bajas, aspira a la progresividad. Pero los impuestos indirectos, las cotizaciones máximas y el tratamiento favorable de ciertos ingresos de capital debilitan ese ideal sobre el terreno.

Las aproximaciones keynesianas subrayan que, en momentos de crisis o alta inflación, el Estado debería ajustar sus políticas fiscales para proteger la demanda interna y sostener el empleo. Eso implica, entre otras cosas, no agravar la pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias con subidas impositivas de facto, como ocurre cuando no se deflacta el IRPF o se incrementan cargas sobre el empleo.

Desde posiciones más críticas o de inspiración marxista, se argumenta que la estructura fiscal no es neutral: las élites económicas y los grandes patrimonios suelen disponer de más instrumentos para influir en la normativa, trasladar beneficios a jurisdicciones con menor tributación o utilizar vehículos societarios y financieros que minimizan su factura real. En este marco, el Estado no siempre actúa como redistribuidor genuino de la riqueza, sino como garante de una estructura económica que, en última instancia, protege mejor a quienes más tienen.

En todo caso, las diferentes escuelas coinciden en que un exceso de presión sobre la clase media es peligroso tanto desde el punto de vista económico como político. Un grupo social que se siente permanentemente castigado y poco escuchado se convierte en caldo de cultivo para la polarización, el rechazo a las instituciones y la creciente fragmentación del espacio público.

Esta sensación se intensifica cuando, al mismo tiempo que suben los impuestos y la recaudación bate récords, la deuda pública sigue escalando y las cuentas del sector público se perciben como poco claras, con presupuestos prorrogados, partidas difíciles de rastrear y un control parlamentario debilitado.

Consecuencias sociales: una clase media agotada

En el día a día, la combinación de salarios que avanzan menos que los precios, cargas fiscales crecientes y servicios públicos tensionados deja a muchas familias de renta media con una capacidad de ahorro mínima. Gran parte de su presupuesto se va en vivienda, alimentación, energía, transporte y educación de los hijos, sin margen para imprevistos ni para construir un colchón financiero que les proteja de futuras crisis.

Este estrangulamiento económico contribuye a una sensación de inseguridad permanente: aunque se tenga un empleo estable y un salario nominal que pueda parecer aceptable, la percepción de vulnerabilidad se mantiene. Cualquier subida en la hipoteca, en el alquiler, en el supermercado o en la factura de la luz se vive como otro golpe más sobre una economía doméstica ya muy ajustada.

Al mismo tiempo, la estructura fiscal que grava proporcionalmente menos a las grandes fortunas o a ciertos tipos de rentas de capital alimenta la percepción de que el sistema no trata igual a todos. Si los más ricos pagan, en conjunto, un porcentaje menor de su renta que segmentos significativos de clase media, la promesa de equidad se vacía de contenido.

Esta confluencia de factores tiene efectos políticos muy claros: aumenta la desconfianza hacia las instituciones, crece la sensación de que el Estado no juega limpio y se refuerzan los discursos que acusan al sistema de estar capturado por intereses particulares. Una clase media desmotivada y desencantada es menos proclive a apoyar reformas complejas y más vulnerable a mensajes simplistas o abiertamente antisistema.

Además, el hecho de que buena parte del esfuerzo fiscal dependa de un segmento relativamente estrecho de la población hace que el propio base de financiación del sistema sea más frágil. Si la clase media sufre desempleo masivo, un repunte fuerte de la precariedad o una nueva ola inflacionaria, la base de financiación del sistema puede resentirse con rapidez, poniendo en riesgo prestaciones que afectan también a los colectivos más vulnerables.

Propuestas para aliviar a la clase media como variable de ajuste

Frente a este panorama, diferentes análisis plantean una batería de medidas orientadas a repartir mejor la carga fiscal y reducir el papel de la clase media como principal variable de ajuste. Una de las propuestas más repetidas es, precisamente, la deflactación periódica de las tarifas del IRPF y de sus mínimos y deducciones en función de la inflación.

Otra línea de actuación pasa por equiparar progresivamente la tributación de rentas del capital y del trabajo, evitando que los dividendos, plusvalías y otros rendimientos financieros tengan un trato sistemáticamente más benigno que los salarios. En paralelo, se suele mencionar la necesidad de diseñar impuestos sobre grandes patrimonios y sucesiones realmente efectivos, centrados en grandes fortunas y evitando penalizar los patrimonios medios.

Los expertos también subrayan la importancia de reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, especialmente en el ámbito de las grandes empresas y del capital móvil internacional. No se trata solo de perseguir conductas ilícitas, sino de reducir los huecos legales que permiten deslocalizar beneficios o aprovechar lagunas normativas para rebajar artificialmente la factura tributaria.

En el terreno de los impuestos indirectos, una posible vía sería revisar la estructura del IVA y de los impuestos especiales, de modo que el impacto sobre el consumo básico de los hogares de menor renta sea menor, compensando si es necesario con mayores gravámenes sobre consumos de lujo o actividades con mayor impacto ambiental.

Finalmente, muchos economistas insisten en la importancia de una educación fiscal más transparente y honesta. Explicar de forma clara cuántos impuestos se pagan realmente, en qué se gastan y cuál es el balance neto para cada tipo de hogar ayudaría a reconstruir parte de la confianza perdida y a generar un debate público más informado sobre cómo repartir las cargas y los beneficios del sistema.

La descripción conjunta de la presión sobre el IRPF, el peso de los impuestos indirectos, las particularidades de las cotizaciones sociales, el aumento de la deuda y la opacidad de las cuentas públicas dibuja un panorama en el que la clase media se ve cada vez más arrinconada como variable de ajuste fiscal. Replantear este modelo, con más equidad, más transparencia y una distribución más equilibrada del esfuerzo, resulta clave si se quiere preservar la cohesión social, la estabilidad económica y la credibilidad de las instituciones en los próximos años.