Responsabilidad solidaria en materia tributaria: guía práctica completa

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La responsabilidad solidaria en materia tributaria se ha convertido en uno de los instrumentos más potentes que utiliza la Agencia Tributaria para asegurar el cobro de las deudas. Cada vez es más frecuente que, además del deudor principal, Hacienda vaya contra terceros (familiares, socios, administradores, pagadores, depositarios, etc.) y les reclame el pago íntegro de la deuda y, en algunos casos, también de las sanciones.

Entender bien cuándo y cómo puede declararse la responsabilidad solidaria o subsidiaria, qué dicen la Ley General Tributaria, la normativa específica (como la Ley del IVA o la Ley del IRNR) y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, así como los fundamentos del derecho fiscal, es clave para evitar sustos. Y si ya se ha recibido una declaración de responsabilidad, conocer el procedimiento, los plazos y las posibles vías de defensa puede marcar la diferencia entre responder con todo el patrimonio o lograr la anulación de esa derivación.

Concepto general de responsabilidad tributaria: solidaria y subsidiaria

En nuestro sistema fiscal, además del obligado principal, existen figuras de responsabilidad solidaria y responsabilidad subsidiaria que permiten a la Administración ampliar sus posibilidades de cobro. Ambas se regulan de forma básica en la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), especialmente en los artículos 41, 42 y 43, y se desarrollan en el Reglamento General de Recaudación y en normativa específica de algunos impuestos, conforme al plan anual de control tributario y aduanero.

La responsabilidad solidaria se caracteriza porque el responsable se sitúa en el mismo plano que el deudor principal: Hacienda puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos para exigir el pago de la deuda, sin necesidad de que el deudor principal haya sido declarado fallido o insolvente. Es decir, agotado el plazo voluntario de ingreso para el deudor principal, la Administración puede ir de forma directa contra el responsable solidario.

La responsabilidad subsidiaria, por el contrario, sólo entra en juego cuando se acredita la insolvencia total o parcial del obligado principal y, en su caso, de los eventuales responsables solidarios. Es una especie de “segunda línea de tiro” de la Administración, que se activa una vez se constata que no es posible cobrar total o parcialmente del deudor original y de quienes respondan solidariamente.

La LGT y la doctrina científica han ido perfilando las diferencias entre uno y otro tipo de responsabilidad. Autores como Navarro Faure, Bosch Cholbi, Calvo Vérgez, Martín Queralt o Merino Jara han analizado con detalle los supuestos, requisitos y límites de estas figuras, así como la evolución de la jurisprudencia en torno al responsable solidario y subsidiario.

Responsabilidad solidaria en la LGT: principales supuestos del artículo 42

El artículo 42 de la LGT recoge de forma detallada los supuestos de responsabilidad solidaria, que se agrupan en varios bloques según el comportamiento o la posición del responsable respecto a la deuda tributaria del obligado principal. No se trata de una responsabilidad automática: cada caso requiere que se cumplan los requisitos legales que la norma exige.

Por un lado, serán responsables solidarios quienes causen o colaboren activamente en la comisión de una infracción tributaria. Esto abarca, por ejemplo, a quienes diseñan o ejecutan esquemas de facturación falsa, a los que participan en ocultaciones contables intencionales o a quienes ayudan de forma consciente a eludir el pago de tributos.

También lo serán los partícipes o cotitulares de entidades sin personalidad jurídica (herencias yacentes, comunidades de bienes, patrimonios separados, etc.) por las obligaciones tributarias de dichas entidades. Aquí se responde por el vínculo de participación en un patrimonio común que es sujeto de imposición.

Otro bloque importante se refiere a quienes suceden en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas. El sucesor de una empresa con deudas con Hacienda puede verse obligado a responder solidariamente por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de la actividad que se continúa.

Por último, el artículo 42 LGT abarca los supuestos de actos de ocultación o levantamiento de bienes encaminados a impedir o dificultar el cobro de la deuda. Aquí entran la transmisión fraudulenta de bienes, el incumplimiento culposo o doloso de órdenes de embargo o la colaboración en el levantamiento de bienes embargados o sobre los que pesa una medida cautelar o una garantía.

Responsabilidad solidaria y actos de ocultación de bienes

Uno de los supuestos más habituales en la práctica recaudatoria es el previsto en el artículo 42.2 LGT, que sanciona a quienes realizan o participan en actos de ocultación patrimonial con el fin de perjudicar el crédito tributario. Se incluyen aquí tanto la transmisión de bienes o derechos como el incumplimiento de embargos o la ayuda a levantar medidas cautelares.

En el plano práctico, esto afecta con especial intensidad a operaciones entre familiares y sociedades vinculadas. Por ejemplo, cuando un contribuyente con deudas importantes transmite inmuebles a su cónyuge, hijos o padres, o traspasa activos de la sociedad a su patrimonio personal (o a otra sociedad del grupo), con el objetivo de dejar vacía de contenido la posición del deudor frente a Hacienda.

La experiencia de los tribunales económico-administrativos y de los juzgados revela que no pocas veces acaban implicados varios miembros de la familia en procedimientos de responsabilidad solidaria por haber recibido bienes de un deudor tributario sin valorar adecuadamente las consecuencias fiscales. De ahí la enorme importancia de analizar cada operación con un asesoramiento fiscal especializado antes de firmar escrituras de compraventa, donaciones, adjudicaciones de herencia o reestructuraciones societarias.

En este ámbito, la jurisprudencia reciente, comentada por autores como Juan Casadevall, ha ido precisando el alcance del artículo 42.2 LGT, delimitando cuándo existe una verdadera intención de perjudicar el crédito público y cuándo nos encontramos ante actos lícitos de reorganización patrimonial que no pueden dar lugar, sin más, a una derivación de responsabilidad.

Responsabilidad solidaria en la Ley del IVA y otras normativas específicas

La responsabilidad solidaria no se limita a la LGT. Algunas leyes tributarias sectoriales prevén supuestos adicionales de responsabilidad especialmente pensados para combatir determinadas formas de fraude. Un ejemplo claro lo encontramos en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La normativa del IVA declara responsables solidarios de la deuda a los destinatarios de determinadas operaciones cuando, por acción u omisión culposa o dolosa, contribuyan a eludir la correcta repercusión del impuesto. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se acepta conscientemente una factura sin IVA o con una repercusión incorrecta, sabiendo que se está colaborando en un fraude.

Además, en el ámbito de las importaciones de bienes, la ley contempla la posible responsabilidad solidaria de las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores. El objetivo es evitar que se utilicen intermediarios o estructuras complejas para diluir las responsabilidades fiscales.

Por tanto, no basta con revisar el artículo 42 LGT: es necesario tener presente la normativa específica de cada tributo (IVA, impuestos especiales, IRNR, etc.), donde pueden aparecer supuestos de responsabilidad solidaria muy concretos, adaptados a los riesgos de fraude de cada figura impositiva.

Responsabilidad solidaria en el IRNR: pagadores, depositarios y representantes

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), el artículo 9 de la Ley del IRNR establece también escenarios de responsabilidad solidaria ligados a la posición de quien paga o gestiona rentas de no residentes que no operan mediante establecimiento permanente en España.

En concreto, serán responsables solidarios del ingreso de las deudas derivadas de los rendimientos que satisfagan o de las rentas de los bienes o derechos que gestionen o custodien:

• El pagador de los rendimientos devengados sin mediación de establecimiento permanente.
• El depositario o gestor de los bienes o derechos no afectos a un establecimiento permanente.

En el caso de pagadores de rendimientos y también cuando el depositario o gestor administre bienes o derechos de residentes en jurisdicciones no cooperativas (antiguos paraísos fiscales, de acuerdo con la redefinición vigente desde 11 de julio de 2021 y el correspondiente Anexo IV), la Agencia Tributaria puede actuar directamente contra el responsable sin necesidad de un acto previo de derivación formal. Es decir, la relación recaudatoria se entabla de forma inmediata con ese pagador, depositario o gestor.

Sin embargo, la propia Ley del IRNR aclara que no existirá responsabilidad solidaria cuando resulte de aplicación la obligación de practicar retención. En esos casos, el régimen ordinario de retenciones a cuenta absorbe el riesgo de incumplimiento.

Por otro lado, los representantes de contribuyentes del IRNR, así como, desde los periodos iniciados el 1 de enero de 2021, determinados contribuyentes que no residan en la Unión Europea ni en el Espacio Económico Europeo con normativa de asistencia mutua en intercambio de información (Anexo V), pueden responder solidariamente de las deudas generadas a través de establecimientos permanentes en España o por entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero pero con presencia en territorio español.

Diferencias entre responsabilidad solidaria y subsidiaria según la jurisprudencia reciente

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha ido afinando la interpretación de los artículos 41, 42, 43 y 176 LGT, y del Reglamento General de Recaudación. Una de las cuestiones debatidas era si la Administración debía agotar previamente todas las posibilidades de declaración de responsabilidad solidaria antes de acudir a la responsabilidad subsidiaria.

En la sentencia ECLI:ES:TS:2024:2438, el Supremo analiza, entre otros, el artículo 43.1.a) LGT (responsabilidad subsidiaria de administradores) y los artículos 41.5 y 176 LGT, junto con el artículo 61.2 del Reglamento General de Recaudación. La conclusión es clara: la Administración no está obligada a recorrer, uno por uno, todos los posibles supuestos de responsabilidad solidaria antes de iniciar la derivación subsidiaria.

Lo que exige la doctrina del Tribunal Supremo es que la Administración haga un análisis real y razonado de la situación: si, tras examinar los hechos y los indicios existentes, considera que no concurren los requisitos legales para declarar responsables solidarios, puede optar por la derivación de responsabilidad subsidiaria sin necesidad de justificar, en detalle y uno a uno, por qué no se ha declarado ninguna responsabilidad solidaria.

Ahora bien, el Alto Tribunal también recuerda que no basta con la mera identificación de posibles responsables solidarios en el expediente para que estos deban ser declarados. Es imprescindible comprobar si se cumplen los requisitos sustantivos y procedimentales para cada supuesto del artículo 42 LGT. Sólo entonces puede afirmarse que existe realmente un responsable solidario y dictarse el acuerdo correspondiente.

La sentencia critica expresamente resoluciones que calificaban como “evidente” la responsabilidad solidaria de sociedades emisoras de facturas falsas sin entrar a examinar los presupuestos concretos de la norma. Este recordatorio subraya que la declaración de responsabilidad es un acto de la Administración sujeto a control jurisdiccional y que debe estar suficientemente motivado y fundamentado.

Responsabilidad subsidiaria: administradores, contratistas y otros supuestos del artículo 43 LGT

El artículo 43 LGT enumera diversos casos en los que puede declararse la responsabilidad subsidiaria. A diferencia de la responsabilidad solidaria, aquí la Administración sólo puede dirigirse contra el responsable una vez justificada la insolvencia total o parcial del deudor principal (y de cualquier responsable solidario, si lo hubiera), mediante la correspondiente declaración de fallido.

Entre los supuestos más frecuentes se encuentran los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que, habiéndose cometido infracciones tributarias, no hayan realizado los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, hayan consentido el incumplimiento de quienes dependen de ellos o hayan adoptado acuerdos que faciliten esas infracciones.

Asimismo, los administradores de sociedades que han cesado en su actividad pueden responder subsidiariamente de las deudas tributarias devengadas y pendientes en el momento del cese, cuando no se hayan tomado las medidas necesarias para su pago o se hayan adoptado decisiones que provoquen el impago.

También se sitúan en este ámbito los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, cuando no hayan hecho lo preciso para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a la situación concursal o liquidatoria, siempre que se trate de deudas imputables al obligado tributario principal.

El artículo 43 LGT incluye igualmente a los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, a los representantes aduaneros que actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes y a las personas o entidades que contraten o subcontraten obras o servicios ligados a su actividad económica principal, en la parte de impuestos repercutidos o cantidades a retener que corresponda a esas obras o servicios.

Finalmente, se contemplan supuestos de responsabilidad de personas o entidades que ejercen el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, sobre el obligado tributario, o sobre las que el propio obligado tributario tiene ese control o comparte una voluntad rectora común. La finalidad es evitar estructuras societarias instrumentales destinadas a diluir responsabilidades.

Procedimiento de declaración de responsabilidad: cómo se tramita

La declaración de responsabilidad solidaria o subsidiaria se articula mediante un procedimiento específico regulado en la LGT y en la normativa de desarrollo. No es una derivación automática: la Administración debe seguir unas fases y respetar los derechos de audiencia y defensa del presunto responsable.

En primer lugar, el procedimiento se inicia siempre de oficio por la Administración tributaria, en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación de la deuda de la que se pretende derivar responsabilidad, salvo que la Ley establezca otra cosa. El inicio se materializa mediante un acuerdo dictado por el órgano competente, que debe notificarse al interesado.

Durante la fase de tramitación, se concede al presunto responsable un trámite de audiencia de 15 días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo. En este periodo el contribuyente puede formular alegaciones, aportar documentación y defender su posición frente a la pretensión de la Administración.

El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad es de seis meses. Transcurrido ese tiempo sin resolución expresa, se producen los efectos previstos en la normativa general de procedimiento administrativo en cuanto a la posible caducidad o continuación de actuaciones, según el tipo de procedimiento y el momento en que se encuentre.

En cuanto a la ejecución, si la responsabilidad se ha declarado y notificado antes de que venza el período voluntario de pago de la deuda que se deriva, bastará requerir al responsable el pago una vez transcurrido dicho período. En los demás casos, cuando ya haya pasado el período voluntario, el órgano competente dictará el acto formal de declaración de responsabilidad y lo notificará al responsable, iniciándose la vía de apremio si no se atiende el pago.

Canales de presentación, órganos competentes y recursos

Aunque el procedimiento se inicia de oficio, el contribuyente puede interactuar con la Administración a través de diversos canales de presentación y comunicación. Hoy en día, la vía telemática es la más habitual, pero siguen existiendo alternativas presenciales y postales.

Las notificaciones y escritos relacionados con la declaración de responsabilidad pueden gestionarse mediante tramitación electrónica en la sede de la AEAT, en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, en oficinas de Correos y en los demás lugares habilitados por el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

La competencia para resolver el procedimiento de responsabilidad recae en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de los órganos de recaudación y gestión que correspondan en función del caso concreto y del ámbito territorial o material.

Contra el acuerdo de declaración de responsabilidad, el contribuyente puede interponer, con carácter potestativo, un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la misma oficina que dictó el acto, siempre que no se haya presentado reclamación económico-administrativa. Alternativamente, o una vez resuelto o desestimado el recurso de reposición, cabe interponer reclamación económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo competente, también en el plazo de un mes desde la notificación.

En paralelo, puede solicitarse la suspensión de la ejecución de la deuda derivada, aportando garantías adecuadas según los casos (aval, hipoteca, seguro de caución, etc.), lo que suele resultar esencial para evitar embargos durante la tramitación del recurso o reclamación.

Cómo prevenir la declaración de responsabilidad solidaria

Más allá de la defensa cuando la derivación ya se ha notificado, la estrategia más eficaz es la prevención activa. Conociendo los supuestos del artículo 42 LGT y de las normativas específicas, es posible ajustar la conducta empresarial y personal para minimizar el riesgo de que Hacienda nos considere responsables de deudas ajenas.

El primer pilar es el cumplimiento estricto de las obligaciones tributarias. Presentar autoliquidaciones en plazo, ingresar las deudas, repercutir correctamente el IVA, practicar y declarar las retenciones que correspondan y mantener una contabilidad ordenada reduce drásticamente la posibilidad de incurrir en infracciones de las que se derive responsabilidad como causante o colaborador.

En segundo lugar, es fundamental mantener una separación clara entre el patrimonio personal y el empresarial o societario. Las transferencias de bienes entre la persona física y su sociedad (o entre distintas sociedades del mismo grupo) en contextos de deudas con Hacienda pueden ser interpretadas como actos de ocultación, especialmente si carecen de justificación económica real o se hacen en condiciones poco razonables.

Un tercer elemento clave es la designación adecuada de representantes legales y asesores. Quien asume la representación de la empresa o de un contribuyente ante Hacienda, y decide cómo se gestionan obligaciones y declaraciones, puede acabar implicando a la propia entidad o a terceros en conductas infractoras. Elegir profesionales solventes y con experiencia en materia tributaria no es un lujo, sino una auténtica necesidad.

Además, antes de adquirir una empresa o una actividad económica en funcionamiento, conviene solicitar el certificado de deudas del artículo 175.2 LGT. Este documento permite conocer la situación tributaria de la actividad a adquirir y, según el caso, limitar la responsabilidad del sucesor o, directamente, renunciar a la operación si las deudas detectadas resultan inasumibles.

Importancia del asesoramiento especializado, documentación y comunicación con Hacienda

La experiencia práctica demuestra que, en materia de responsabilidad tributaria, es casi igual de importante prevenir que litigar. De ahí la necesidad de contar con asesoramiento especializado tanto en la fase previa (planificación y toma de decisiones) como cuando ya se ha iniciado un procedimiento de derivación.

En la fase preventiva, un buen asesor fiscal puede detectar operaciones de riesgo (donaciones, reestructuraciones, ventas entre vinculados, aportaciones no dinerarias, etc.) que, de ejecutarse sin cuidado, podrían dar pie a una posterior declaración de responsabilidad solidaria. En no pocas ocasiones, los profesionales han tenido que “frenar” proyectos de transmisión de bienes a hijos o familiares cuyo único o principal objetivo era liberar al deudor frente a Hacienda, advirtiendo que esa estrategia acabaría extendiendo la responsabilidad a toda la familia.

Cuando la declaración de responsabilidad ya ha sido notificada, se entra en una fase en la que resulta esencial una defensa jurídica sólida ante los tribunales. Muchos especialistas se dedican en exclusiva a la litigación tributaria y han acumulado una importante experiencia en pleitos frente a la Administración sobre responsabilidad solidaria o subsidiaria, apoyándose en la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo y en los criterios del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

Tanto en la prevención como en la defensa, la documentación disponible juega un papel determinante. Es prácticamente imposible justificar la inexistencia de responsabilidad si el contribuyente no informa a su asesor de la realidad de sus deudas, operaciones y relaciones con terceros, ni facilita facturas, contratos, escrituras y justificantes de pago que acrediten la naturaleza y finalidad de las operaciones cuestionadas.

En la vía de recurso, gran parte de la documentación se encontrará en el expediente administrativo, pero no es raro que el propio obligado o los terceros afectados dispongan de documentos adicionales que ayuden a demostrar, por ejemplo, que una transmisión tenía un precio real, que existía contraprestación, que la operación obedecía a motivos económicos válidos o que no hubo intención de perjudicar a la Hacienda Pública.

Por último, la comunicación con las autoridades tributarias puede resultar útil en varios momentos. Antes de ciertas operaciones, es posible acudir a consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos o revisar las resoluciones del TEAC para conocer el criterio administrativo sobre supuestos concretos de responsabilidad. Durante el procedimiento, puede negociarse la aportación de garantías para suspender la ejecución o solicitar el levantamiento de medidas cautelares, siempre con la debida estrategia procesal.

La figura de la responsabilidad solidaria y subsidiaria en materia tributaria es compleja y técnica, pero su impacto en el patrimonio de empresas, autónomos y particulares es muy real. Mantener un cumplimiento fiscal riguroso, separar bien patrimonios, evitar actos de ocultación, documentar y justificar todas las operaciones relevantes y apoyarse en asesoramiento profesional cualificado son las mejores armas para no verse arrastrado por deudas ajenas o para poder defenderse con garantías si la Administración decide derivar responsabilidad.