Respuesta a la crisis energética del real decreto-ley 7/2026

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El Real Decreto-ley 7/2026 marca un antes y un después en la respuesta del Gobierno español a la crisis energética desencadenada por el conflicto en Oriente Medio y la guerra en Irán. No se trata solo de un ajuste puntual de impuestos, sino de un auténtico paquete integral que combina medidas fiscales, energéticas, sociales, laborales y regulatorias para amortiguar el golpe a hogares y empresas y, al mismo tiempo, acelerar la transición hacia un sistema energético más limpio, electrificado y resiliente.

A lo largo de este artículo vamos a desgranar, con calma pero sin rodeos, las principales medidas del Real Decreto-ley 7/2026: qué cambia en la factura de la luz y los carburantes, cómo se reforman los impuestos, qué ayudas se aprueban para industria, transporte y sector agrario, cómo se reordena todo el régimen de acceso y conexión a la red eléctrica, qué novedades hay para el autoconsumo, las renovables, el almacenamiento o las comunidades energéticas, y qué implicaciones tiene para trabajadores, alquileres y empresas en dificultades.

Contexto y alcance del Real Decreto-ley 7/2026

El RDL 7/2026 aprueba el llamado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, publicado en el BOE el 21 de marzo de 2026 y en vigor, con carácter general, desde el 22 de marzo de 2026. Su objetivo es doble: por un lado, atajar los efectos inmediatos del encarecimiento de la energía derivado de la crisis geopolítica; por otro, introducir reformas estructurales para reforzar la independencia energética, impulsar las renovables y optimizar el uso de las redes eléctricas y gasistas.

Dentro de este plan se incluyen medidas que afectan a una amplia batería de impuestos y figuras tributarias: Impuesto sobre Sociedades, IRPF, IVA, Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto Especial sobre la Electricidad, Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, así como tributos locales. También se aprueban ayudas directas y extraordinarias para sectores especialmente castigados por el aumento de los precios de los productos petrolíferos, como el transporte o el sector agrario.

Algunas disposiciones ya habían aparecido en normas anteriores (RDL 16/2025 o RDL 2/2026) que no fueron convalidadas, de modo que el RDL 7/2026 recupera y reordena parte de ese contenido dándole continuidad jurídica. Además, el decreto incluye la recuperación de la conocida “moratoria societaria” para evitar la disolución automática de empresas por pérdidas, así como un robusto bloque de medidas de carácter social en materia laboral, alquileres y protección de consumidores vulnerables.

Este real decreto-ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su aprobación, pero sus efectos son inmediatos desde su entrada en vigor, salvo en algunos aspectos concretos (por ejemplo, la nueva metodología de obligaciones de ahorro energético a partir de 2027).

Medidas fiscales frente a la crisis energética

El núcleo de la respuesta a corto plazo pasa por una bajada intensa y temporal de varios impuestos energéticos, con la idea de aliviar la factura de hogares, empresas y sectores intensivos en combustible sin desatender los objetivos de transición ecológica.

Reducciones en IVA energético y carburantes

Hasta el 30 de junio de 2026, se reduce del 21 % al 10 % el tipo de IVA aplicable a diversos suministros energéticos, con ciertas condiciones y matices:

• Contratos de suministro de electricidad con potencia contratada inferior a 10 kW.
• Contratos de electricidad cuyos titulares sean perceptores del bono social y estén catalogados como vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, al objeto de mitigar la pobreza energética.
• Suministro de gas natural, briquetas, pellets de biomasa y madera para leña.
• Carburantes y combustibles, igualmente con un tipo reducido del 10 %.

No obstante, el decreto vincula la continuidad de estas rebajas de tipos en el mes de junio de 2026 a la evolución del IPC de los productos afectados: si la inflación de la electricidad o de esos combustibles en abril no supera en más de un 15 % el IPC general del mismo mes del año anterior, la reducción dejará de aplicarse en junio.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el IRPF se apuesta claramente por incentivar la eficiencia energética en viviendas, el autoconsumo y la movilidad eléctrica, canalizando el esfuerzo en forma de deducciones:

• Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de las deducciones por obras de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, así como por actuaciones que mejoren el consumo de energía primaria no renovable en viviendas.
• Extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 de la deducción por obras de mejora de eficiencia energética realizadas en edificios de uso predominantemente residencial.
• Desde el 1 de enero de 2026, se prolonga la deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga, durante el ejercicio 2026.
• Se incorpora una nueva deducción por instalación de sistemas de autoconsumo renovable en 2026 (por ejemplo, placas fotovoltaicas en hogares y edificios residenciales). Esta deducción no es acumulable con otras deducciones de eficiencia sobre la misma actuación.

Impuesto sobre Sociedades

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, el RDL 7/2026 premia las inversiones verdes y la infraestructura de recarga. Para los periodos impositivos que, iniciándose a partir del 1 de enero de 2025, no hubiesen concluido el 22 de marzo de 2026, se prevé:

• Prórroga al ejercicio 2026 de la libertad de amortización para inversiones que utilicen energía renovable.
• Prórroga al ejercicio 2026 de la libertad de amortización para inversiones en determinados vehículos y nuevas infraestructuras de recarga, facilitando la renovación del parque móvil empresarial hacia tecnologías de cero o bajas emisiones.

Impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos

En el Impuesto Especial sobre la Electricidad, desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio de 2026 el tipo se reduce de forma extraordinaria al 0,5 % (desde el 5,11269632 % previo). Como en el caso del IVA, esta bajada puede dejar de aplicarse en junio según la evolución del IPC de la electricidad.

En paralelo, se modifican los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos para combustibles y carburantes, incluidos los aplicables al gasóleo profesional, así como el tipo de devolución correspondiente, entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026. El objetivo es rebajar el coste del gasóleo tanto para productores agrarios como para transportistas con derecho a devolución parcial, y también para profesionales del transporte que no puedan acogerse a esa devolución.

Junto a ello, se aprueban ayudas extraordinarias y temporales para sufragar parte del precio del gasóleo empleado por:

• Productores agrarios.
• Titulares de vehículos con devolución parcial por gasóleo profesional.
• Profesionales del transporte terrestre cuyos vehículos queden fuera del gasóleo profesional.

Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE)

Para el año 2026, el RDL 7/2026 introduce minoraciones temporales en la base imponible del IVPEE con la idea de compensar el incremento de costes de las compañías que fijan el precio en el mercado mayorista:

• Durante el primer trimestre de 2026, solo se integra en la base imponible el 90 % de las retribuciones correspondientes a la energía incorporada al sistema (minoración del 10 %).
• Durante el segundo trimestre de 2026, se establece una minoración del 100 %, de modo que esas retribuciones no forman parte de la base imponible.

Medidas sociales, laborales y de alquiler de vivienda

El plan integral no se queda en lo energético: incorpora un bloque amplio de medidas sociales para proteger a colectivos vulnerables y a los inquilinos, además de restricciones a determinados despidos en empresas que se beneficien de ayudas públicas ligadas al RDL 7/2026.

Escudo social y prohibición de cortes de suministro

Se refuerza durante todo 2026 el llamado “escudo social”, que engloba:

• Ampliación y refuerzo del bono social eléctrico y térmico, con descuentos mayores y aumento de la ayuda mínima por beneficiario.
• Incremento del presupuesto destinado al Bono Social Térmico 2026.
• Prohibición del corte de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026.

Prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas

Las empresas que reciban ayudas directas al amparo del RDL 7/2026 tienen vetado, hasta el 30 de junio de 2026, despedir por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con la situación regulada en el propio decreto.

Esta limitación también se proyecta sobre:

• Contratos fijos-discontinuos: esas mismas causas no pueden justificar ni el fin del periodo de actividad ni la falta de llamamiento.
• Cooperativas: se prohíbe que la asamblea reduzca de forma definitiva puestos de trabajo o modifique la estructura profesional por causas ETOP o de fuerza mayor ligadas a la crisis energética.

Si una empresa incumple esta prohibición de despedir, se enfrenta al reintegro de las ayudas percibidas y a la posible calificación de los despidos como nulos.

Planes de movilidad sostenible al trabajo

El RDL 7/2026 adelanta en 12 meses la entrada en vigor de la obligación, recogida en la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, para que empresas de más de 200 trabajadores (o 100 por turno) y entidades del sector público cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo plenamente operativo en diciembre de 2026.

Estos planes deben recoger medidas para fomentar la movilidad activa y el transporte público (caminar, ir en bici, transporte colectivo), el uso compartido de vehículos, el teletrabajo y la flexibilidad horaria. En el diseño de los planes se tendrá en cuenta la planificación de movilidad sostenible existente en el municipio donde se ubique el centro de trabajo.

En el caso de empresas obligadas a contar con estos planes y que además sean beneficiarias de ayudas directas del RDL 7/2026, el incumplimiento de la obligación de disponer de plan puede implicar la devolución de las ayudas recibidas.

Prórroga y limitación de rentas en contratos de alquiler

En materia de vivienda habitual, el RDL 7/2026 introduce dos medidas relevantes:

• Prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos sujetos a la LAU 29/1994 en los que la prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2027. El arrendatario puede solicitarla y el arrendador está obligado a aceptarla salvo que ya se haya pactado otra cosa, exista un nuevo contrato o el arrendador haya comunicado necesidad de ocupación conforme al artículo 9.3 LAU.
• Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el arrendador es gran tenedor, la subida no puede superar el 2 % en la actualización anual. Si no lo es, el incremento tampoco podrá rebasar ese 2 %.

Esta prórroga extraordinaria es incompatible con la ya prevista en el artículo 10.3 LAU, que se aplica con preferencia si concurre su supuesto. No se aplica, además, cuando arrendador y arrendatario acuerdan renovar el contrato con una renta inferior a la vigente.

Reforma del acceso y conexión a las redes eléctricas

Más allá de los impuestos y las ayudas, el RDL 7/2026 acomete una reforma profunda del régimen de acceso y conexión a la red eléctrica, especialmente para instalaciones de demanda y almacenamiento, con el fin de frenar la especulación, ordenar la prioridad de proyectos y aprovechar mejor la capacidad disponible en la red.

Mayor transparencia en capacidades de acceso

Se refuerza la transparencia al facultar a la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) para exigir periódicamente a los gestores de red información detallada sobre:

• Capacidades solicitadas y otorgadas de acceso y conexión a nivel de tensión superior a 1 kV (tanto generación como demanda).
• Permisos de acceso y conexión caducados.
• Evolución de las capacidades asignadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicará esta información de forma agregada, con carácter semestral, facilitando una visión más clara del uso real de la red y de las oportunidades de nueva capacidad.

Prestación por reserva de capacidad y fin de las garantías del RD 1183/2020

Se deroga el artículo 23 bis del RD 1183/2020 que obligaba a ciertos titulares de instalaciones de demanda a depositar garantías económicas de 40 €/kW o 20 €/kW. En su lugar, se crea una prestación mensual por reserva de capacidad de acceso que deben abonar todos los titulares de permisos de acceso y conexión de demanda con tensión igual o superior a 1 kV.

Esta prestación se calcula en función de:

• Los términos de potencia de los peajes de transporte y distribución fijados por la CNMC (Circular 3/2020) para el segmento tarifario correspondiente y el periodo horario P1.
• Un factor multiplicador k, que aumenta con el nivel de tensión y con el tiempo transcurrido desde la obtención de los permisos.
• La capacidad de acceso otorgada en el permiso.

Transitoriamente, mientras no se aprueben los valores definitivos de k, se aplican factores provisionales distintos por segmento tarifario (6.1TD, 6.2TD, 6.3TD, 6.4TD), que se incrementan automáticamente cada seis meses desde la concesión del permiso. Esta prestación tiene la condición de pago anticipado de peajes, de modo que, una vez se pone en marcha la instalación de consumo, lo abonado se descuenta de los peajes futuros.

Si el impago de esta prestación supera en un año natural el 10 % de lo debido, se declara la caducidad automática de los permisos y el titular pierde cualquier derecho a devolución o minoración de la prestación. En caso de reducciones de capacidad previas a la firma del contrato técnico de acceso (CTA), no se devuelven cantidades abonadas.

A cambio, el RDL permite a los titulares de permisos que venían respaldados por garantías económicas solicitar su devolución una vez que el pago acumulado de la prestación supere los 40 €/kW (para almacenamiento, la solicitud se puede presentar a partir de dos meses desde la entrada en vigor del RDL). La administración tiene seis meses para efectuar el reembolso.

Actualización de permisos de demanda, CNAE y nuevas caducidades

El decreto vincula cada permiso de acceso y conexión de demanda (≥ 1 kV) a un código CNAE concreto de la actividad prevista. No se admitirán cambios de división o grupo CNAE una vez otorgado el permiso y se exige mantener la misma actividad durante al menos tres años; de lo contrario, el permiso caduca automáticamente.

Para permisos ya concedidos a la entrada en vigor del RDL, sus titulares pueden:

• Actualizar el permiso indicando el código CNAE antes del 22 de septiembre de 2026.
• O bien renunciar al permiso antes del 22 de julio de 2026, sin ejecución de las garantías constituidas.

No actualizar el CNAE en plazo implica la caducidad automática del permiso. Se exceptúan de la obligación de mantener la misma actividad durante tres años las solicitudes vinculadas a desarrollos urbanísticos, polígonos industriales o infraestructuras cedidas al gestor de red para varios consumidores.

Además, se fijan nuevos plazos de caducidad para permisos de demanda previos que aún no tengan CTA:

• 12 meses desde el 7 de noviembre de 2025 (o desde la concesión del permiso, si es posterior) para acreditar el pago del 10 % de la inversión en actuaciones de red.
• 3 años desde la entrada en vigor del RDL para firmar el contrato de Encargo de Proyecto (CEP).
• 4 años desde la entrada en vigor (o desde la concesión del permiso) para firmar el CTA.

Instalaciones de consumo de alta prioridad

Se crea una categoría de instalaciones de consumo de “alta prioridad”, con un tratamiento preferente en el acceso y conexión a la red. Se consideran de alta prioridad, entre otras:

• Promociones inmobiliarias destinadas a uso residencial o servicios esenciales (hospitales, fuerzas de seguridad, instalaciones de tratamiento de agua, transporte público o su electrificación, etc.).
• Nuevos consumos industriales declarados proyectos estratégicos según el artículo 29 del RDL 7/2026.
• Actualizaciones de consumo de instalaciones con contrato de acceso vigente y uso efectivo de la red, hasta triplicar la potencia media contratada en los últimos dos años en el periodo horario P6, siempre que no cambie la división o grupo del CNAE.

Cuando se admite a trámite una solicitud de alta prioridad, el gestor de la red debe suspender la tramitación de otras solicitudes en el mismo nudo, salvo que se demuestre su compatibilidad. Tampoco se admiten nuevas solicitudes hasta que se resuelva el expediente de alta prioridad, que se tramita siempre por el procedimiento general de acceso del RD 1183/2020, sin concursos.

Cuando la planificación de la red de transporte se actualice, durante cuatro meses se evaluarán pero no se resolverán las solicitudes admitidas; al cierre de ese periodo se priorizarán las de alta prioridad conectadas a la red de transporte. Además, los gestores deberán informar a la DGPEM de la capacidad liberada en cada nudo antes del 22 de julio de 2026 y, donde se liberen más de 5 MW, se podrá habilitar un periodo específico para nueva demanda.

Impulso de las energías renovables, almacenamiento y repotenciación

Uno de los pilares del RDL 7/2026 es acelerar el despliegue de renovables y almacenamiento, pero de forma ordenada, socialmente aceptable y ambientalmente rigurosa. Para ello se crean nuevas figuras, se simplifican procedimientos y se ajustan los plazos de proyectos ya en marcha.

Zonas de Aceleración Renovable (ZAR)

Se introducen las Zonas de Aceleración Renovable, áreas terrestres declaradas especialmente adecuadas para instalar proyectos de generación eléctrica renovable y, en su caso, almacenamiento electroquímico hibridado. Estas zonas no pueden solaparse con Red Natura 2000, Parques Nacionales ni otros espacios naturales protegidos por la normativa autonómica.

El RDL no designa directamente ninguna ZAR, sino que atribuye esa competencia a las Comunidades Autónomas, que deberán aprobar planes de designación de ZAR previa audiencia pública y evaluación ambiental estratégica. El Gobierno, por su parte, aprobará en tres meses la regulación básica del procedimiento, criterios y plazos, así como un catálogo de medidas de mitigación obligatorio mínimo.

Los proyectos ubicados en ZAR podrán beneficiarse de tramitaciones ambientales más ágiles, incluso sin evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, siempre que ya hayan sido valorados en la evaluación estratégica del plan de ZAR y no se detecten efectos adversos significativos imprevistos.

Proyectos energéticos preferentes y estándar de excelencia social

El decreto declara de urgencia, a efectos del artículo 33 de la Ley 39/2015, los procedimientos de autorización, evaluación ambiental y recursos de los llamados Proyectos Energéticos Preferentes. Entre ellos se incluyen:

• Proyectos que obtengan un estándar de excelencia social y territorial, a definir por orden del MITECO.
• Instalaciones situadas íntegramente en zonas de baja sensibilidad ambiental.
• Proyectos declarados estratégicos o preferentes por planificación de red de transporte, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o por el Consejo de Ministros.
• Repotenciaciones de instalaciones existentes.

La declaración de urgencia supone, en teoría, la reducción a la mitad de los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos. Sin embargo, el propio RDL matiza que no se verán acortados los plazos que marcasen las normas sectoriales de energía o de evaluación ambiental, salvo previsión expresa, por lo que el impacto real en tiempos será limitado.

Repotenciación de instalaciones y reutilización documental

Hasta alcanzar la neutralidad climática, las repotenciaciones de instalaciones de generación renovable, almacenamiento electroquímico y redes de transporte y distribución se benefician de un régimen especial cuando el incremento de potencia o capacidad no supera el 25 % o no conlleva cambios significativos en trazado o altura.

En estos casos:

• La evaluación de impacto ambiental se centra solo en el impacto adicional respecto al proyecto original.
• Se reducen a la mitad los plazos de autorizaciones administrativas y de los procedimientos de la Ley 21/2013 (salvo los periodos de información pública).
• Se permite la reutilización de estudios, mediciones y cartografía ya existentes en expedientes previos, si mantienen su validez técnica y jurídica, complementándolos cuando sea necesario.

Evaluación ambiental de proyectos de generación, transporte y almacenamiento

En materia de evaluación ambiental, el RDL 7/2026 introduce ajustes que afectan a proyectos de generación eléctrica, almacenamiento y redes:

• Antes de formular la DIA, se otorga al promotor un trámite de audiencia de 10 días hábiles sobre la propuesta de resolución.
• Se clarifica cuándo las modificaciones de un proyecto pueden tener “efectos adversos significativos” y deben someterse a nueva evaluación (por superar umbrales de los anexos I o II de la Ley 21/2013, o por ubicarse en zonas sensibles del anexo III).
• Se habilita la continuación de expedientes cuando ciertas administraciones no emitan informe en plazo.

Infraestructuras de evacuación compartidas y responsabilidad mancomunada

Los titulares de instalaciones de producción, almacenamiento o hibridaciones que evacúen mediante una infraestructura de evacuación compartida hacia la misma posición de transporte o distribución deben remitir, antes del 22 de marzo de 2027, a las administraciones competentes un acuerdo firmado donde se repartan las responsabilidades derivadas de esa infraestructura.

Si no lo hacen, el reparto de responsabilidades se realizará de forma mancomunada y proporcional a la capacidad de acceso otorgada a cada uno. Esta regla también se refleja en la modificación de la Ley del Sector Eléctrico, reforzando la idea de corresponsabilidad entre promotores que comparten infraestructuras comunes.

Extensión de plazos de los hitos del RDL 23/2020

De forma excepcional, los titulares de permisos de acceso y conexión para instalaciones de generación que obtuvieron sus permisos entre el 27 de diciembre de 2013 y el 22 de marzo de 2026, y cuentan ya con la autorización de construcción, pueden solicitar una ampliación del plazo del quinto hito administrativo del RDL 23/2020 (autorización de explotación definitiva), sin superar en ningún caso el 31 de diciembre de 2030.

La solicitud debe indicar el semestre en que se prevé obtener la autorización de explotación definitiva, y ese semestre se convierte en vinculante: no se puede obtener la autorización ni inscribirse la instalación en el registro administrativo antes del inicio del periodo elegido.

Esta extensión también se abre a proyectos que ya hubieran obtenido una prórroga al amparo de otros reales decretos-ley previos (como el RDL 8/2023 o el RDL 7/2025), permitiendo ajustar la fecha inicialmente escogida, dentro de los límites marcados.

Almacenamiento, bombeo hidráulico y nuevos requisitos para centros de datos

El RDL 7/2026 presta una atención especial al almacenamiento de energía y a la tecnología de bombeo hidráulico, considerados elementos clave para la flexibilidad del sistema eléctrico.

Se establece, para el periodo 1 de abril de 2026 – 31 de marzo de 2027, un canon de almacenamiento subterráneo cero para la capacidad anual contratada que supere el volumen equivalente a 20 días de consumo o ventas firmes, tanto si la capacidad se asigna directamente como en subasta. A cambio, toda esa capacidad a canon cero debe llenarse al 100 % en algún momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2026; si no, se aplica el canon anual vigente al volumen no utilizado.

En cuanto al almacenamiento eléctrico, se determina que sus permisos de acceso y conexión pasarán a ser permisos de acceso flexibles desde la perspectiva de la demanda, y las instalaciones con permisos de demanda dispondrán de tres meses para adaptarse cuando la CNMC defina las distintas modalidades de permisos flexibles. Si no se adaptan, pierden la exención de pago de cargos y pasan a abonar la prestación por reserva de capacidad.

Las instalaciones de almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo se declaran de utilidad pública a efectos de expropiación y servidumbres, y se prevé la posibilidad de ampliar hasta 12 años el plazo para completar los hitos administrativos del RDL 23/2020, frente a los 9 años generales. Además, determinados nudos cercanos a recursos hídricos pueden declararse prioritarios para reservar capacidad de acceso asociada a proyectos de bombeo.

Por otro lado, el decreto anuncia que, mediante real decreto, se aprobarán requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital para centros de procesamiento de datos. Estos requisitos podrán referirse a la adicionalidad y correlación horaria de la energía renovable consumida, eficiencia energética, uso sostenible del agua, beneficios socioeconómicos locales y contribución a la resiliencia digital. El incumplimiento podría implicar la pérdida de permisos de acceso y conexión y la imposición de sanciones reglamentarias.

Electrificación, autoconsumo y comunidades energéticas

Otro bloque esencial del RDL 7/2026 es el impulso a la electrificación de hogares e industria y al autoconsumo renovable, reforzando al mismo tiempo las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables.

Flexibilización de contratos de electricidad y gas

Hasta el 31 de diciembre de 2026, autónomos y empresas podrán modificar las potencias contratadas de electricidad sin las limitaciones habituales de plazo y sin costes adicionales, salvo algunos conceptos como derechos de extensión, supervisión o equipos de medida. Esta flexibilidad permite a muchas industrias adaptar mejor su consumo a la situación del mercado eléctrico.

En el caso del gas natural, mientras la cotización en PVB se mantenga por encima de 35 €/MWh durante diez sesiones consecutivas, los consumidores industriales podrán cambiar caudales contratados, escalones de peaje o suspender temporalmente contratos sin coste alguno, lo que da cierto margen de maniobra para gestionar periodos de demanda reducida o de fuerte volatilidad de precios.

Ampliación del autoconsumo y competencias municipales

Se modifica el RD 244/2019 para ampliar a 5.000 metros la distancia máxima para autoconsumo a través de red en instalaciones fotovoltaicas o eólicas de hasta 5 MW, facilitando que más consumidores puedan compartir instalaciones alejadas del punto de consumo pero conectadas mediante la red de distribución.

Además, se limita que un mismo consumidor pueda estar asociado simultáneamente a varias modalidades de autoconsumo, con la única excepción de combinar un autoconsumo individual sin excedentes con otro mediante instalaciones próximas asociadas a través de la red.

Se libera un 10 % de la capacidad en nudos sometidos a concurso de acceso para nuevas instalaciones de generación renovable asociadas a autoconsumo, siempre que el cociente entre potencia contratada en P1 y potencia de generación instalada sea al menos 0,5. Esta reserva se mantiene hasta el 22 de marzo de 2028; la capacidad no asignada volverá al régimen general (concursos o prelación temporal, según el estado del nudo).

Por último, se incorpora como competencia propia de los municipios la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables, así como el impulso de actuaciones de transición energética (eficiencia, electrificación, autoconsumo). El Gobierno deberá aprobar en tres meses un real decreto que desarrolle reglamentariamente estas comunidades y pueda reservar un cupo específico de potencia en subastas de régimen económico renovable para proyectos con participación ciudadana o liderados por entidades locales.

Sistema nacional de eficiencia energética, biometano e hidrógeno

El RDL 7/2026 también toca el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE) y el marco de los certificados de ahorro energético (CAE), incluyendo nuevos sujetos obligados e introduciendo una metodología de cálculo “ex ante” basada en una tasa de ahorro anual aplicada a ventas reales del año de obligación.

Se incluye a los consumidores directos en mercado como sujetos obligados y se refuerza el régimen sancionador. Para el ejercicio 2026, las obligaciones siguen rigiéndose por la normativa anterior, y las nuevas reglas aplicarán a partir de 2027.

En paralelo, se establece un mandato al Gobierno para fijar, vía real decreto, objetivos anuales obligatorios de penetración de biometano para usos distintos al transporte, junto con un sello de excelencia social, territorial y ambiental para nuevas plantas de producción. Se modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos para integrar estas obligaciones, mejorar la protección de consumidores domésticos y pymes ante cambios contractuales, y adaptar el régimen sancionador.

Respecto al hidrógeno, se atribuye de forma temporal a la CNMC la supervisión regulatoria de proyectos de interés común europeo en infraestructuras de hidrógeno hasta que se constituya un regulador específico, en línea con el Reglamento (UE) 2022/869 sobre redes transeuropeas de energía (TEN-E).

Otras medidas económicas y societarias

En el plano societario, el RDL 7/2026 vuelve a activar la llamada “moratoria societaria”: para determinar si concurre la causa de disolución por pérdidas graves del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, no se tendrán en cuenta las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio iniciado en 2026. Esto da aire a muchas empresas afectadas por las crisis encadenadas de los últimos años.

También se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para flexibilizar la adopción de acuerdos destinados a la instalación de infraestructuras de energías renovables (incluyendo aerotermia y geotermia) y nuevas infraestructuras necesarias para suministros energéticos colectivos, permitiendo que se aprueben con un tercio de los propietarios que representen un tercio de cuotas.

En definitiva, el Real Decreto-ley 7/2026 articula un paquete de más de ochenta medidas que, combinadas, buscan amortiguar el choque energético inmediato y reorientar el sistema hacia una mayor electrificación, más renovables, redes mejor aprovechadas y una protección reforzada de los consumidores y sectores vulnerables. La clave, a partir de aquí, estará en el desarrollo reglamentario, la coordinación entre administraciones y la capacidad de empresas y ciudadanía para aprovechar a tiempo los incentivos y flexibilidades que la norma pone sobre la mesa.