Sector público: marco legal, funciones, entidades y empleo

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Cuando pensamos en cómo funciona un país por dentro, aparecen tres grandes protagonistas: personas, empresas y administraciones. Las dos primeras se cruzan a diario en calles, comercios y oficinas, y la tercera sostiene servicios esenciales como centros de salud, colegios o carreteras. En ese entramado, el sector público actúa como columna vertebral y asegura que las reglas, los recursos y los servicios básicos estén disponibles para toda la ciudadanía. Esa función articuladora del sector público explica por qué su presencia es decisiva en la vida cotidiana y en la economía.

En términos sencillos, el sector público agrupa las instituciones y entidades que pertenecen al Estado y a las administraciones territoriales. Se financia principalmente a través de impuestos y gasto público, pero también mediante créditos y, en última instancia, con instrumentos monetarios en los que intervienen las autoridades competentes. Su tamaño y peso respecto al sector privado varían por país, aunque suele representar una parte muy relevante del PIB. En España, abarca desde la Administración General del Estado hasta la Seguridad Social, pasando por comunidades autónomas, entidades locales y el amplio sector público institucional.

Qué es el sector público y su papel en la economía

El sector público puede definirse como el conjunto de organismos administrativos, corporaciones, oficinas y entes con personalidad jurídica que dependen o están vinculados a las administraciones. Su misión es ejecutar las políticas públicas, aplicar las leyes y garantizar servicios que el mercado no siempre provee de forma eficiente o universal. Desde la sanidad y la educación hasta la seguridad o las infraestructuras, su alcance condiciona de manera directa la calidad de vida.

Además de prestar servicios, el sector público establece el marco de juego para la actividad económica. Marca límites y estándares en ámbitos laborales, ambientales, de competencia o contratación, entre otras áreas clave. También despliega políticas para estabilizar la economía en ciclos de bonanza y crisis, protegiendo a hogares y empresas ante fenómenos como el desempleo o la inflación. Esta triple función normativa, estabilizadora y prestadora es una de sus señas de identidad.

Otra pieza central es la redistribución. A través de la recaudación y el gasto, los poderes públicos corrigen desigualdades y financian la provisión de bienes colectivos. La progresividad fiscal y el diseño del gasto permiten que quienes más capacidad tienen contribuyan más, y que los recursos se destinen a apoyar a quienes lo necesitan. Fiscalidad y gasto se combinan para cohesionar el tejido social.

En España, el entramado público se organiza en varios niveles: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. A ello se suma el sector público institucional, que integra organismos y entidades de derecho público y privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, así como universidades públicas con su normativa específica. Este ecosistema multinivel garantiza la atención a competencias diferenciadas y a la diversidad territorial.

De forma operativa, las actividades básicas del sector público incluyen: definir y gestionar impuestos para financiar el gasto; dictar normativa que ordene la actividad económica; estabilizar la coyuntura frente a crisis o sobrecalentamientos; redistribuir renta y riqueza con criterios de equidad; y proveer bienes y servicios públicos que, por su naturaleza, requieren cobertura universal o no son rentables para operadores privados. Todo ello se materializa en servicios como carreteras, colegios, hospitales o políticas de integración social.

• Impuestos y financiación: el poder legislativo fija tributos y la administración correspondiente los gestiona para costear políticas y servicios.
• Marco regulatorio: normas sobre relaciones laborales, competencia, sostenibilidad o contratación, entre otras áreas clave.
• Estabilización macroeconómica: medidas fiscales y otras herramientas ante desempleo, inflación o shocks de actividad.
• Redistribución: ingresos y gasto para reducir brechas y sostener servicios esenciales.
• Prestación de servicios públicos: bienes no excluibles o no rivales, accesibles a la ciudadanía en condiciones de universalidad.

A efectos de transparencia editorial, conviene señalar que ciertos documentos públicos intercalan enlaces de retorno al inicio de página. En algunos repositorios institucionales esto aparece como referencias sucesivas con el literal Subir, repetidas entre apartados. Es una pauta de navegación interna y no afecta al contenido jurídico o informativo.

Marco jurídico y organización del sector público en España

La Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, delimita el perímetro institucional. Según su artículo 2, el sector público comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Este último incluye los organismos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a las Administraciones, las entidades de derecho privado adscritas a ellas cuando ejerzan potestades o les alcance la norma, y las universidades públicas con su régimen propio. Así se fija el mapa básico de sujetos.

La misma ley precisa qué se considera Administración Pública a estos efectos: la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, las Entidades locales y los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes incluidos en el artículo 2.2 a). Esta definición operativa tiene consecuencias en control, responsabilidad y procedimiento.

Para el ámbito estatal, el artículo 84 clasifica el sector público institucional estatal en: organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, que se agrupan en organismos autónomos y entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes; sociedades mercantiles estatales; consorcios; fundaciones del sector público; fondos sin personalidad jurídica; y universidades públicas no transferidas. Se trata de categorías con regímenes específicos de control y gestión.

El régimen transitorio de la Ley 40/2015 distingue entre entidades ya existentes en su entrada en vigor y las que se creen o adapten después. Las primeras siguen con su normativa específica hasta su adaptación, aplicando desde ese momento principios y controles previstos en distintos artículos del Título II en tanto no contradigan su régimen propio. Las segundas se someten íntegramente a la composición y clasificación del artículo 84. Este escalonamiento evita disrupciones en el sector público.

En el plano territorial, el País Vasco cuenta con un marco singular en materia financiera: el Concierto Económico. La Constitución reconoce derechos históricos mediante su disposición adicional primera, y el Estatuto de Autonomía habilita a las instituciones de los territorios históricos para regular y gestionar su sistema tributario con coordinación y armonización. Las Diputaciones Forales gestionan, inspeccionan y recaudan tributos en su territorio, exceptuando los gestionados por los ayuntamientos, y la Comunidad Autónoma financia competencias no transferidas al Estado a través del Cupo.

En la práctica, muchos servicios públicos que reciben las personas en Bizkaia son prestados por la administración de la Comunidad Autónoma, mientras que otras funciones como defensa o control aduanero corresponden al Estado, y políticas como la monetaria dependen de la Unión Europea. La arquitectura multinivel reparte funciones y financiación, con diferentes centros de decisión y coordinación.

En materia de transparencia normativa, los portales institucionales suelen reseñar la fecha de la última actualización. En el caso de determinados textos consolidados, puede indicarse una referencia como última actualización publicada el 02/08/2024, ayudando a identificar la vigencia temporal del contenido. La fecha de actualización es clave para interpretar la normativa aplicable.

Inventario, identificación fiscal y mapa de entidades y empleo

El artículo 82 de la Ley 40/2015 crea el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Se trata de un registro público administrativo que ordena y publica información de todas las entidades del sector público institucional, con independencia de su naturaleza jurídica. Su gestión e integración corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, mientras que la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local capta y trata la información remitida por comunidades autónomas y entidades locales. Este inventario persigue transparencia, control y homogeneidad de datos.

El inventario debe contener datos actualizados sobre naturaleza jurídica, fines, fuentes de financiación, estructura de dominio, condición de medio propio en su caso, así como regímenes contable, presupuestario y de control, además de la clasificación en contabilidad nacional de cada entidad. La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad del sector público institucional debe inscribirse al menos en el inventario. La inscripción es obligatoria para la vida jurídica de estas entidades.

La ley vincula el inventario con la identificación fiscal. Para asignar el NIF definitivo y la letra identificativa según la naturaleza jurídica, la Administración Tributaria exige el certificado de inscripción en el inventario. Esto se recoge en el artículo 83.2 c) y se alinea con el RGAT en los términos que afectan a actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria. Sin la certificación del inventario no se obtiene el NIF definitivo.

En determinados supuestos, además, se requiere documentación adicional para la asignación de un NIF propio a organismos o unidades del sector público. Entre los documentos habituales figuran: autorización del Director del Departamento de Gestión Tributaria para NIF propio con copia de la norma de creación, identificación del firmante de la declaración censal y acreditación de su condición, y el NIF del firmante o autorización para que la AEAT verifique su identidad. Estos extremos garantizan trazabilidad y responsabilidad del solicitante.

• Documentación habitual: escrito motivado de la administración u organismo solicitante dirigido a Gestión Tributaria, con copia de la disposición de creación.
• Identificación: NIF de quien firma la declaración censal o autorización a la AEAT para verificar, y documento que acredite su cargo o representación.

La tipología de entidades y colectivos del sector público que pueden requerir o manejar NIF específicos es amplia: organismos autónomos y entidades públicas empresariales, agencias estatales, órganos en el exterior como embajadas o consulados, comisiones de fiestas municipales, comisiones provinciales o locales de pastos, consorcios, juntas vecinales, mancomunidades, juntas de compensación, comunidades de regantes o colegios profesionales, con códigos identificativos frecuentes como Q, S, P, V o G según corresponda. Esta variedad refleja la riqueza del entramado institucional y su diversidad funcional.

• Organismos autónomos (código Q) y entidades públicas empresariales (Q).
• Agencias estatales (Q) y unidades exteriores como embajadas y consulados (S).
• Comisiones locales y provinciales asociadas a actividades específicas, juntas vecinales (P) y mancomunidades (P).
• Juntas de compensación (V), comunidades de regantes (G) y colegios profesionales (G o Q).

El sector público institucional no solo gestiona recursos; también abre oportunidades profesionales. En los espacios de empleo del sector público institucional accesibles a través del Punto de Acceso General se concentran convocatorias y referencias a entidades estatales y del sector público empresarial y fundacional. Allí se publica información sobre procesos selectivos y bolsas de trabajo que interesan a perfiles técnicos, de gestión, científicos o operativos.

Entre las entidades destacadas del sector público institucional figuran, por ejemplo, operadores de infraestructuras, sociedades mercantiles estatales, organismos de investigación, fundaciones y consorcios que cubren desde transporte y logística hasta cultura, ciencia o meteorología. A continuación se relacionan numerosas entidades para ilustrar la diversidad del ecosistema. La variedad sectorial facilita itinerarios profesionales múltiples.

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
• Aena, S.A.
• Agencia EFE
• Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)
• Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
• Biblioteca Nacional de España (BNE)
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
• Centro de Láseres Pulsados (CLPU)
• Centro Español de Metrología (CEM)
• Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
• COFIVACASA S.A. S.M.E. (Grupo SEPI)
• Compañía Española de Reafianzamiento, SME, S.A (CERSA)
• Compañía Española de Tabaco en Rama S.A., S.M.E. (CETARSA) (Grupo SEPI)
• Consejo Superior de Deportes (CSD)
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
• Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
• Consorcio de la Ciudad de Cuenca
• Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela
• Consorcio ESS Bilbao
• Consorcio público Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)
• Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E. (RTVE)
• Correos Express
• Correos Telecom, S.A.S.M.E.
• CTI Tecnología y Gestión S.A. (SME)
• Empresa Nacional de Innovación, SME, S.A. (ENISA)
• Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A., S.M.E. (ENRESA)
• Entidad Enajenación de Materiales Ferroviarios, S.A, S.M.E, M.P (EMFESA)
• Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
• Enusa Industrias Avanzadas, S.A.
• Equipos Nucleares S.A., S.M.E. (ENSA)
• Escuela de Organización Industrial (EOI)
• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
• Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT)
• Fundación Ciudad de la Energía – CIUDEN, F.S.P.
• Fundación de los Ferrocarriles Españoles
• Fundación del Teatro Real F.S.P
• Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. (FUNDAE)
• Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (Fundación CSAI)
• Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP)
• Fundación SEPI
• Fundación Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
• Fundación Víctimas del Terrorismo
• Grupo Tragsa – SEPI
• Hipódromo de la Zarzuela
• HUNOSA EMPRESAS, S.A., S.M.E.
• ICEX España Exportación e Inversiones
• INECO (Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A.)
• INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
• Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P. (Isdefe)
• Instituto Cervantes
• Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
• Instituto de Crédito Oficial (ICO)
• Instituto de Cultura Gitana
• Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
• Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
• LOGIRAIL SME, S.A.
• MERCABADAJOZ, S.A., S.M.E., M.P.
• MERCALASPALMAS, S.A.S.M.E.
• MERCAMÁLAGA S.M.E., S.A.
• MERCASTURIAS S.A.S.M.E.
• Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (MAYASA)
• Museo del Prado
• Navantia S.A.S.M.E.
• Observatorio Ambiental Granadilla (OAG)
• Paradores de Turismo
• Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
• Puertos del Estado (AAPP)
• Grupo Renfe
• Residencia de Estudiantes
• SENASA S.M.E. M.P. S.A
• Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, Entidad Pública (SEPIDES E.P.E.)
• Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (ICTS SOCIB)
• Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)
• Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A., S.M.E. (SADIM)
• Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), S.M.E., S.A.
• Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
• Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA)
• Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT)
• Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITT)
• Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
• Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
• Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE)
• Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A.
• Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. (SEGIPSA)
• Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)
• Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR)
• Zonas Francas

Quien desee mantenerse al día o analizar datos puede registrarse en plataformas institucionales que ofrecen servicios gratuitos de valor añadido. El alta puede dar acceso a fichas municipales, comparadores entre entidades locales y la descarga en Excel de bases estadísticas completas con datos municipales y provinciales. El registro es gratuito y centrado en contenidos públicos especializados, y suele complementarse con formularios de contacto y atención telefónica.

En esa misma línea, algunas páginas incorporan llamadas a la acción como Quiero registrarme o Déjanos tus datos para facilitar el acceso. También es habitual ofrecer atención directa a través de un número de teléfono, por ejemplo 915 200 100, para resolver dudas sobre funcionalidades o datos. Estas vías agilizan el acceso a información y servicios sin barreras innecesarias.

Respecto a identificación de responsables, ciertos portales reseñan la responsabilidad funcional y técnica de las sedes o servicios digitales. Por ejemplo, la responsabilidad funcional puede recaer en un ministerio con competencias en transformación digital y función pública a través de una dirección general de gobernanza pública, y la responsabilidad técnica en una agencia estatal de administración digital. La sede física frecuentemente se ubica en la misma dirección administrativa, unificando gestión y soporte.

Como nota de derechos, también es habitual incluir una mención de copyright institucional. Estas referencias informan sobre titularidad de contenidos y marco de uso, especialmente cuando el portal actúa como punto oficial de consulta o acceso a servicios. La claridad sobre propiedad y mantenimiento institucional refuerza la confianza ciudadana en la información publicada.

Una visión completa del sector público no solo ayuda a comprender cómo se toman decisiones y se financian servicios; también facilita la participación informada, la evaluación de políticas y el acceso al empleo público. Con la Ley 40/2015 como eje, la definición de administraciones y entidades, el inventario de organismos, los requisitos de identificación fiscal y los espacios de empleo forman un conjunto coherente que hace más legible un sistema complejo. Conocer sus piezas, responsabilidades y cauces de acceso es clave para moverse con soltura en él.

Responsable funcional: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública — Dirección General de Gobernanza Pública. C/ Mármol, 2. 28071 Madrid.

Responsable técnico: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública — Agencia Estatal de Administración Digital. C/ Mármol, 2. 28071 Madrid.

Copyright institucional: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

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