SICAV y fiscalidad en España: requisitos, cambios y régimen transitorio

Inicio » Cajas » SICAV y fiscalidad en España: requisitos, cambios y régimen transitorio

Las SICAV y su fiscalidad en España se han convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de la inversión, sobre todo desde los cambios normativos que han entrado en juego a partir de 2022. Son vehículos que durante años han permitido a grandes patrimonios invertir con un tipo impositivo muy bajo, lo que ha generado debate público, reformas legales y un régimen transitorio muy particular para quienes han decidido ponerles punto final.

Si te interesa conocer cómo tributa una SICAV, qué requisitos debe cumplir, qué ha cambiado con la Ley 11/2021 y qué pasa cuando se disuelve y se liquida, aquí vas a encontrar una explicación completa, con un enfoque práctico pero sin perder el rigor técnico. Veremos también el papel de los socios, el famoso tipo del 1%, el nuevo poder de la Agencia Tributaria y las reglas especiales de reinversión para no pagar impuestos de golpe.

Qué es una SICAV y cómo encaja dentro de las Instituciones de Inversión Colectiva

Una SICAV es, en esencia, una Sociedad de Inversión de Capital Variable, es decir, una sociedad anónima creada para reunir el dinero de muchos inversores y gestionarlo de forma conjunta, invirtiendo en valores mobiliarios y otros instrumentos financieros con la intención de obtener rentabilidad para los accionistas.

Estas entidades forman parte de las llamadas Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), un gran paraguas jurídico y financiero que agrupa diversos vehículos de ahorro e inversión: fondos de inversión financieros, fondos inmobiliarios, sociedades de inversión inmobiliaria, IIC de inversión libre y, dentro de las de carácter financiero, las propias SICAV.

Una característica clave es que las SICAV tienen personalidad jurídica propia como sociedades anónimas. Su capital se representa mediante acciones, los inversores son accionistas con derechos políticos y económicos, y participan en juntas generales según establezcan los estatutos. Esto las diferencia claramente de los fondos de inversión, que son patrimonios sin personalidad jurídica.

Para constituir una SICAV se exige un capital social mínimo de 2.400.000 euros y un número mínimo de 100 accionistas. Este esquema se ha utilizado tradicionalmente por grandes patrimonios, porque permitiría, al menos en la práctica, que uno o unos pocos socios concentraran casi todo el capital, mientras el resto solo aportaba cantidades simbólicas.

En contraste, los fondos de inversión no son sociedades; su patrimonio está formado por las participaciones de numerosos partícipes, y la gestión y representación corresponde íntegramente a la sociedad gestora, sin que los partícipes intervengan en la política de inversión ni en la administración del fondo.

Diferencias financieras y fiscales entre una SICAV y un fondo de inversión

Desde el punto de vista financiero, tanto una SICAV como un fondo de inversión permiten que el ahorrador acceda a una cartera diversificada de activos que, individualmente, sería más costoso o complejo gestionar. En ambos casos, la idea es canalizar el ahorro a través de un vehículo gestionado por profesionales.

La primera gran diferencia está en la estructura jurídica y de gobierno. En las SICAV, al ser sociedades anónimas, los accionistas pueden acudir a las juntas y votar, aunque en la práctica el control efectivo suele estar concentrado en el accionista principal o en un grupo muy reducido. En los fondos de inversión, los partícipes no gobiernan el vehículo; la gestora es quien decide la política de inversión dentro de los límites del folleto.

La segunda gran diferencia reside en su régimen fiscal específico. Tradicionalmente, tanto las SICAV como otras IIC financieras han tributado en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo reducido del 1%, lo que supone una enorme ventaja frente al tipo general (25%). De ahí deriva buena parte de la controversia que han generado estas entidades.

Para el inversor persona física, el funcionamiento es parecido a otros productos financieros: el accionista o partícipe no tributa por las plusvalías o rendimientos que se generan dentro de la IIC mientras el dinero permanezca dentro del vehículo; solo surge tributación cuando se venden las acciones o participaciones, o cuando se reparten dividendos o se produce una reducción de capital con devolución de aportaciones.

Adicionalmente, en las IIC se contempla la posibilidad de diferir la tributación de las ganancias patrimoniales cuando se transmite la inversión y el importe obtenido se reinvierte en otras IIC, siguiendo un procedimiento regulado. En el caso de instituciones societarias, este diferimiento requiere, entre otros puntos, que la IIC tenga al menos 500 socios y que el contribuyente no haya poseído más de un 5% en los 12 meses anteriores.

Fiscalidad general de las SICAV en el Impuesto sobre Sociedades

El rasgo más conocido del régimen fiscal de las SICAV es que tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la normativa financiera y fiscal. Ese tipo reducido pretende justificarse en el carácter colectivo de la inversión y en su similitud con otros vehículos de inversión colectiva.

Ahora bien, las SICAV con este régimen especial no pueden aplicar ciertas ventajas fiscales previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como la exención por doble imposición de dividendos o rentas derivadas de transmisiones de participaciones significativas, ni las deducciones para evitar la doble imposición internacional. Es decir, el beneficio del 1% viene acompañado de la renuncia a otros beneficios.

Además, las SICAV y el resto de IIC sometidas al 1% no están obligadas a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, ni a presentar declaración por ese concepto. No obstante, si las retenciones e ingresos a cuenta que soporten (por ejemplo, por dividendos cobrados de otras entidades) superan la cuota íntegra calculada al 1%, el exceso puede ser objeto de devolución.

El problema viene cuando una SICAV no cumple las condiciones fijadas para aplicar este tipo reducido. En ese caso, pasa a tributar al tipo general del 25% en el Impuesto sobre Sociedades, con el impacto que eso supone en la rentabilidad neta de los inversores. Precisamente, a raíz de la reforma de 2021, muchas SICAV se han visto ante la tesitura de adaptarse a los nuevos requisitos o asumir una fiscalidad mucho más gravosa.

Conviene tener claro que la Agencia Tributaria tiene competencias para comprobar el cumplimiento de estos requisitos fiscales, de manera independiente al supervisor financiero. Se puede incluso recurrir al procedimiento previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 23/2005, que articula la coordinación entre la Administración tributaria y la CNMV cuando procede suspender o revocar la autorización de una SICAV.

Tributación de los socios o accionistas de las SICAV

Por el lado del inversor, las reglas son distintas según el tipo de operación. De entrada, los socios personas físicas no tributan cada año por los rendimientos generados dentro de la SICAV (plusvalías latentes, dividendos que ingresan en la sociedad, etc.) mientras esos rendimientos se reinviertan y no haya reparto ni transmisión.

La tributación aparece cuando se reparten dividendos o se venden acciones. En ese momento, la ganancia patrimonial o rendimiento del capital mobiliario se integra en la base del ahorro del IRPF y tributa a los tipos correspondientes (según tramos vigentes), igual que ocurriría al vender acciones cotizadas o participaciones en un fondo de inversión.

Hay que prestar especial atención a los casos de reducciones de capital con devolución de aportaciones en SICAV. Por regla general, la parte de la devolución que corresponde al incremento del valor liquidativo de la participación se califica como rendimiento del capital mobiliario, mientras que el exceso reduce el valor de adquisición de las acciones a efectos de futuras transmisiones.

Un elemento interesante del régimen de las IIC es la posibilidad de diferir la tributación en determinados supuestos de transmisión de participaciones o acciones, cuando el inversor destina el importe obtenido a suscribir o adquirir otras IIC con ciertos requisitos. En el caso de SICAV societarias, este diferimiento depende de que el vehículo tenga una amplia base accionarial (más de 500 socios) y que el contribuyente no haya tenido un porcentaje relevante (no más de un 5%) en los 12 meses anteriores a la transmisión.

Además, el régimen transitorio específico introducido por la reforma de 2021 ha añadido otra vía de diferimiento para los socios de SICAV en liquidación que reinviertan su cuota de liquidación en otros vehículos de inversión colectiva que mantengan un régimen similar al del 1% en Sociedades, como veremos más adelante.

El controvertido número mínimo de socios y el fenómeno de los “mariachis”

Uno de los puntos más delicados en la regulación de las SICAV ha sido siempre el número mínimo de accionistas, fijado en 100 por la normativa financiera y recogido también en la normativa fiscal como condición para aplicar el tipo del 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

La Directiva europea 2009/65/CE, que regula los fondos de inversión armonizados (UCITS), no exige un número específico de partícipes, y casi ningún país de nuestro entorno, salvo Portugal impone algo similar. Sin embargo, en España se incorporó este requisito, y la Ley del Impuesto sobre Sociedades remite expresamente a la norma financiera para exigirlo como condición básica del régimen especial.

En la práctica, este requisito ha dado lugar al famoso fenómeno de los “mariachis en las SICAV”: muchos vehículos cumplían formalmente con el mínimo de 100 socios, pero la gran mayoría eran accionistas con inversiones meramente simbólicas, a veces de unos pocos euros, mientras uno o varios socios concentraban casi todo el capital.

Esta situación, que convertía a muchas SICAV en instrumentos de inversión “casi personales” de grandes fortunas, se percibía como contraria al espíritu de la norma, que pretendía fomentar una auténtica inversión colectiva. Además, generó una fuerte polémica social y política por la combinación de estructuras muy concentradas y fiscalidad notablemente reducida.

Entre 2004 y 2005, la Administración tributaria inició actuaciones de comprobación para analizar si podía dejar de aplicar el tipo del 1% cuando considerase que existían socios meramente formales o simulados, aunque la CNMV no hubiera declarado ningún incumplimiento financiero. Estas comprobaciones buscaban excluir del cómputo del número mínimo a los “mariachis” que solo aportaban su nombre, pero no un verdadero interés económico.

Contexto histórico, regulación previa y coordinación con la CNMV

La ausencia de criterios claros sobre qué condiciones debían reunir los socios para ser tenidos en cuenta a efectos del mínimo de 100 provocaba inseguridad jurídica. Esto desembocó en la aprobación de la disposición adicional tercera de la Ley 23/2005, que trató de zanjar la cuestión estableciendo que no se aplicaría el régimen fiscal de las SICAV (tipo del 1%) cuando se revocase o suspendiese su autorización.

Para ello se reguló un procedimiento específico por el cual, si la Agencia Tributaria considera que concurren motivos para la suspensión o revocación de la autorización, debe comunicarlo a la CNMV, que es el organismo competente para adoptar esa decisión. Es decir, se articuló un sistema de colaboración entre el supervisor financiero y la Administración tributaria para resolver los casos más conflictivos.

Sin embargo, esta regulación no puso fin a la controversia. El debate sobre la fiscalidad de las SICAV, su control efectivo y la figura de los mariachis ha permanecido muy vivo durante años, con propuestas para reforzar los requisitos o, directamente, para limitar drásticamente el uso de este tipo de sociedades por parte de grandes patrimonios.

De hecho, la incertidumbre regulatoria y el clima político han contribuido a que el número de SICAV en España se haya reducido de manera notable en los últimos años. Según los datos citados por el sector, se habría pasado de alrededor de 3.372 SICAV en 2015 a unas 2.459 en 2020, principalmente por procesos de disolución y liquidación o por fusiones con otras IIC, incluidas SICAV extranjeras armonizadas comercializadas en España.

La posibilidad de fusionar una SICAV española con una SICAV extranjera armonizada permitía a los inversores mantener un régimen fiscal parecido sin necesidad de cumplir en España con el mínimo de socios, lo que ha sido una vía de salida para determinados vehículos ante el endurecimiento del control interno.

La reforma de la Ley 11/2021 y el nuevo régimen fiscal desde 2022

El gran punto de inflexión llegó con la Ley 11/2021, de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que modificó de manera relevante los requisitos exigibles para que las SICAV puedan seguir aplicando el tipo del 1% en el Impuesto sobre Sociedades desde los períodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2022.

En concreto, se reformó el artículo 29.4.a) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Se mantiene el requisito del número de accionistas previsto en la normativa financiera (100 socios con carácter general), pero se introducen reglas mucho más estrictas para determinar qué accionistas se computan a esos efectos.

La idea, según la exposición de motivos de la ley, es reforzar de verdad el carácter colectivo de la inversión que justifica el tipo reducido, asegurando que los socios que se tienen en cuenta posean un interés económico real. Ese interés económico se concreta a través de una inversión mínima exigible por accionista computable.

De esta forma, a partir de 2022 solo se computan como socios válidos aquellos que sean titulares de acciones por un importe igual o superior a 2.500 euros, determinado de acuerdo con el valor liquidativo de las acciones en la fecha de adquisición. Esto cierra la puerta a los mariachis con participaciones irrelevantes que solo buscaban hinchar artificialmente la base accionarial.

En el caso de SICAV por compartimentos, el listón es aún más alto: para cada compartimento solo se consideran computables los accionistas con una inversión igual o superior a 12.500 euros, de nuevo calculada según el valor liquidativo en la fecha de adquisición. La intención es que en cada compartimento exista un grupo mínimo de inversores con un interés económico sustancial, equiparable al exigido en las SICAV sin compartimentos.

Duración del requisito, exclusiones y papel de la Agencia Tributaria

No basta con cumplir estos umbrales de inversión de forma puntual. El número mínimo de socios computables debe darse durante un periodo temporal significativo: al menos durante los días que representen las tres cuartas partes del período impositivo. Esto impide que se maquille la situación solo en fechas concretas, por ejemplo, en el cierre del ejercicio.

La normativa también prevé ciertas exclusiones para determinadas IIC de forma societaria en las que no tendría sentido exigir un valor mínimo de las acciones para el cómputo de socios, bien por su configuración específica o por las características de sus inversiones. Estas excepciones se diseñan para no penalizar estructuras donde ya está claro su carácter genuinamente colectivo.

El mensaje que lanza la reforma es claro: solo las SICAV que cuenten con un número suficiente de inversores con aportaciones significativas podrán seguir beneficiándose del tipo del 1%. Aquellas que mantengan esquemas con muchos socios simbólicos quedan automáticamente excluidas del régimen reducido y, por tanto, pasan a tributar al 25% en Sociedades.

Al estar estos requisitos regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, tanto su interpretación como su comprobación corresponden directamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La AEAT se convierte, por tanto, en la autoridad clave para verificar si se aplica o no el régimen especial, lo que refuerza su papel frente al que tradicionalmente ejercía la CNMV en el plano financiero.

Esta reasignación de competencias ha sido destacada por diversos expertos, que han subrayado que las condiciones de los regímenes especiales deben ser comprobadas por los órganos de inspección, según ha interpretado el Tribunal Supremo en una sentencia de 24 de marzo de 2021. Esto implica que las revisiones sobre el cumplimiento del régimen de SICAV no pueden plantearse como simples comprobaciones masivas y automáticas.

Régimen transitorio para las SICAV que se disuelven en 2022

Ante el endurecimiento de los requisitos, muchas SICAV se han planteado, o ya han acordado, su disolución y liquidación. Para gestionar esta transición, la Ley 11/2021 introdujo un régimen transitorio muy relevante, recogido en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Este régimen transitorio se dirige a las SICAV que, durante el ejercicio 2022, adopten un acuerdo válido de disolución con liquidación. A partir de ese momento, se inicia un periodo durante el cual deben llevar a cabo todas las operaciones necesarias hasta la cancelación registral de la sociedad.

En concreto, se otorgan seis meses desde el fin del plazo para adoptar el acuerdo de disolución para completar todos los actos y negocios jurídicos precisos, incluida la cancelación en el Registro Mercantil. Se establece, además, que esta cancelación no podrá producirse más allá del 30 de junio de 2023.

Lo más interesante del régimen transitorio es que permite un diferimiento de la tributación de las rentas que afloran con motivo de la liquidación, siempre que la cuota de liquidación se reinvierta cumpliendo ciertos requisitos en otras instituciones de inversión colectiva que mantengan el régimen del 1% en Sociedades. Es decir, se trata de facilitar que los inversores trasladen su ahorro a otros vehículos colectivos sin soportar una carga fiscal inmediata.

De esta forma, los partícipes de SICAV que no pueden adaptarse a los nuevos requisitos (por ejemplo, porque su estructura accionarial estaba muy concentrada) tienen la opción de trasladar sus inversiones a fondos u otras SICAV que sí cumplan las nuevas condiciones, manteniendo una fiscalidad global similar a la que tenían antes, tanto a nivel del vehículo como del propio inversor.

Fiscalidad de la SICAV en liquidación y plazo para la reinversión

Durante los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2022 y se prolonguen hasta la cancelación registral, la SICAV en fase de liquidación mantiene el tipo reducido del 1% en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que el número de accionistas sea igual o superior a 100. En esta fase, a diferencia del nuevo régimen permanente, no se exige tener en cuenta el precio de adquisición individual de las acciones para computar a los socios.

Para los socios, el elemento crucial es la posibilidad de no integrar en su base imponible las rentas obtenidas por la liquidación, siempre que la totalidad de su cuota de liquidación (dinero o bienes recibidos) se reinvierta en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones en otras IIC incluidas en las letras a) o b) del artículo 29.4 de la LIS (básicamente, fondos de inversión y ciertas sociedades de inversión que aplican el 1%).

Esta reinversión tiene que ser total; no se admite una reinversión parcial si el contribuyente quiere acogerse plenamente al diferimiento. Las nuevas acciones o participaciones adquiridas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones de la SICAV liquidada a efectos fiscales, lo que evita cristalizar una plusvalía en ese momento.

El plazo para efectuar esta reinversión viene muy tasado. La norma fija que debe realizarse antes de que transcurran siete meses desde el final del plazo para aprobar el acuerdo de disolución, que se situó en el 31 de diciembre de 2022. Por tanto, el límite general para completar la reinversión se fijó en el 31 de julio de 2023, si bien nada impide que la reinversión se realice ya durante el propio año 2022.

Un aspecto importante es que, cuando el socio opta por acogerse a este régimen de reinversión previsto en la disposición transitoria 41.2.c) de la LIS, no existe obligación de practicar pagos a cuenta del impuesto personal del socio (por ejemplo, IRPF) sobre las rentas derivadas de la liquidación. Esto refuerza el efecto de diferimiento de la tributación.

Obligaciones y comunicaciones del socio en la reinversión

Para poder beneficiarse del diferimiento fiscal, el socio debe seguir una serie de pasos formales. En primer lugar, debe comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión. Desde ese momento, la sociedad en liquidación se abstendrá de hacerle cualquier pago en metálico o de entregarle bienes como cuota de liquidación.

Además, el socio ha de facilitar a la sociedad la documentación que acredite la fecha y el valor de adquisición de sus acciones, en caso de que la propia SICAV no disponga de esa información. Este dato será fundamental para que se pueda trasladar correctamente el valor y antigüedad fiscal de la inversión a la nueva IIC de destino.

En segundo lugar, el accionista tiene que comunicar a la institución de inversión colectiva en la que vaya a reinvertir los importes reinvertidos toda una serie de datos: sus propios datos identificativos, los de la sociedad en liquidación, los de la entidad gestora y la entidad depositaria de la SICAV, así como la cantidad de dinero o bienes que constituyen la cuota de liquidación que se va a reinvertir.

Esta comunicación se articula mediante la cumplimentación de una orden de suscripción o adquisición de las nuevas acciones o participaciones, en la que el socio autoriza expresamente a la institución de destino a tramitar esta orden ante la SICAV en liquidación. Es decir, será la nueva IIC la que gestione con la antigua el traspaso efectivo.

Una vez recibida la orden por la sociedad en liquidación, la reinversión se lleva a cabo mediante una transferencia se realizará desde las cuentas de la sociedad en liquidación, ordenada por la propia SICAV a su depositario, por cuenta y orden del socio, del dinero o bienes objeto de la reinversión. Esta transferencia se realizará desde las cuentas de la sociedad en liquidación a las cuentas de la IIC de destino, con la información relativa al valor y fechas de adquisición de las acciones originarias a las que corresponda la reinversión.

Esta operativa, aunque algo compleja, es la que permite asegurar que no se rompe la cadena fiscal y que el inversor no tenga que tributar inmediatamente por las plusvalías generadas en la SICAV que se extingue, manteniendo de facto el diferimiento en su nuevo vehículo de inversión colectiva.

Para los socios que no optan por este régimen de reinversión, o que no cumplen los requisitos y plazos, las rentas puestas de manifiesto con motivo de la liquidación de la SICAV deberán integrarse en la base imponible correspondiente (ahorro en IRPF, por ejemplo) y tributar conforme a las reglas generales.

En un entorno en el que muchas SICAV no podían adaptarse a los nuevos parámetros de número e inversión mínima por socio, este régimen transitorio se ha vuelto esencial para planificar de forma ordenada la salida del régimen fiscal tradicional sin un coste fiscal inmediato excesivo para los inversores.

Con todo lo anterior, el panorama actual de las SICAV en España es muy distinto al de hace solo unos años: el número de vehículos se ha reducido, los requisitos para mantener el tipo del 1% son más estrictos, la Agencia Tributaria ejerce un control más directo, y muchos patrimonios han optado por liquidar, fusionar o trasladar sus inversiones a fondos u otras IIC que sí se ajusten a las nuevas reglas. El resultado es un marco en el que el carácter verdaderamente colectivo de la inversión, al menos sobre el papel, adquiere un peso mucho mayor que el simple cumplimiento formal de un número de socios.